Presentan acusación formal contra Goni, Sánchez Berzaín y otros por el caso ENFE
El Ministerio Público presentó ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia la acusación contra el expresidente Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada, exministro Carlos Sánchez Berzaín y otras 17 personas por el caso ENFE, informó este miércoles el fiscal general del Estado, Ramiro...
Gonzalo Sanchez de Lozada-expresidente de Bolivia
El Ministerio Público presentó ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia la acusación contra el expresidente Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada, exministro Carlos Sánchez Berzaín y otras 17 personas por el caso ENFE, informó este miércoles el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
“Se ha presentado ante la Sala Penal la proposición acusatoria en el marco de proceso denominado ENFE (Empresa Nacional de Ferrocarriles), que está referido a la capitalización de esta empresa durante el gobierno de Sánchez de Lozada”, dijo Guerrero.
La Fiscalía, mediante una nota de prensa, recordó que en el proceso de la capitalización de ENFE se usó como estrategia la conformación de dos sociedades de economía mixta, dividiendo de esa manera el sistema ferroviario en dos redes o unidades económicas.
Es así que mediante el Decreto Supremo 24186 de 15 de diciembre de 1995, suscrito por Sánchez de Lozada y su gabinete, se dispuso la adjudicación del paquete accionario de la capitalización de la empresa FCA SAM a la empresa chilena Cruz Blanca S.A. por un monto de dinero que equivalía a menos de la mitad del capital autorizado e incluso menor al capital pagado con el que se constituyó la FCA SAM.
El Ministerio Público, en su acusación formal, estima que el “grave daño causado al Estado es de 142.018.600 bolivianos”.
El detalle de los acusados y los delitos
Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, Gonzalo Javier Afcha de la Parra, Antonio José Araníbar Quiroga, Germán Reynaldo Peters Arzabe, Jaime Eduardo Villalobos Sanjinés, Jorge Otasevic Toledo, Freddy Teodovich Ortiz, Moisés Jarmuz Levy e Irvin Remberto Alcaraz del Castillo son acusados por la comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Cristóbal Alfonzo Revollo Tenier es acusado por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Edgar Ramiro Saravia Durnik es procesado por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y conducta antieconómica; Santiago Atsuro Nishizawa Takano, por resoluciones contrarias a la Constitución.
Jorge Fernando Harriague Urriolagoitia está acusado por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y conducta antieconómica.
José Isaac Ardaya Calderón es acusado por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con las funciones públicas, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Adolfo Arturo Dávalos Yoshida, Ramiro Salinas Romero y Julio César Oropeza Belichner por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Finalmente, Franklin Mejía Ríos es acusado por conducta antieconómica.
Tomado de ANF
“Se ha presentado ante la Sala Penal la proposición acusatoria en el marco de proceso denominado ENFE (Empresa Nacional de Ferrocarriles), que está referido a la capitalización de esta empresa durante el gobierno de Sánchez de Lozada”, dijo Guerrero.
La Fiscalía, mediante una nota de prensa, recordó que en el proceso de la capitalización de ENFE se usó como estrategia la conformación de dos sociedades de economía mixta, dividiendo de esa manera el sistema ferroviario en dos redes o unidades económicas.
Es así que mediante el Decreto Supremo 24186 de 15 de diciembre de 1995, suscrito por Sánchez de Lozada y su gabinete, se dispuso la adjudicación del paquete accionario de la capitalización de la empresa FCA SAM a la empresa chilena Cruz Blanca S.A. por un monto de dinero que equivalía a menos de la mitad del capital autorizado e incluso menor al capital pagado con el que se constituyó la FCA SAM.
El Ministerio Público, en su acusación formal, estima que el “grave daño causado al Estado es de 142.018.600 bolivianos”.
El detalle de los acusados y los delitos
Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, Gonzalo Javier Afcha de la Parra, Antonio José Araníbar Quiroga, Germán Reynaldo Peters Arzabe, Jaime Eduardo Villalobos Sanjinés, Jorge Otasevic Toledo, Freddy Teodovich Ortiz, Moisés Jarmuz Levy e Irvin Remberto Alcaraz del Castillo son acusados por la comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Cristóbal Alfonzo Revollo Tenier es acusado por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Edgar Ramiro Saravia Durnik es procesado por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y conducta antieconómica; Santiago Atsuro Nishizawa Takano, por resoluciones contrarias a la Constitución.
Jorge Fernando Harriague Urriolagoitia está acusado por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y conducta antieconómica.
José Isaac Ardaya Calderón es acusado por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con las funciones públicas, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Adolfo Arturo Dávalos Yoshida, Ramiro Salinas Romero y Julio César Oropeza Belichner por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Finalmente, Franklin Mejía Ríos es acusado por conducta antieconómica.
Tomado de ANF
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