Evo ratifica que “la tierra es para el que la trabaja”
El presidente Evo Morales ratificó el jueves que la “la tierra es para el que la trabaja”, a propósito del Día de la Revolución Agraria Productiva y Comunitaria, en homenaje a la lucha y trabajo del sector originario campesino de Bolivia. “En el Día de la Revolución Agraria y...



El presidente Evo Morales ratificó el jueves que la “la tierra es para el que la trabaja”, a propósito del Día de la Revolución Agraria Productiva y Comunitaria, en homenaje a la lucha y trabajo del sector originario campesino de Bolivia.
“En el Día de la Revolución Agraria y Productiva, enviar un abrazo de hermandad a las compañeras y compañeros trabajadores del agro. Hoy garantizamos que la tierra es para el que la trabaja”, escribió en su cuenta en Twitter.
En más de una década, el presidente Morales entregó a los campesinos e indígenas la mayoría de las tierras para cultivos que antes estaban en manos de latifundistas y empresarios, y no cumplían con la función económica social.
En 12 años hemos distribuido 3.168.465 hectáreas en todo el país, mientras que entre 1995 y 2005, se había distribuido solo 36.834 hectáreas, puntualizó el mandatario.
Según el Gobierno, los títulos de propiedad de la tierra a nombre de mujeres antes representaban solo un 9% y ahora casi llegan al 50%.
Acto público
Asimismo, durante un acto público, Morales promulgó cinco decretos supremos y presentó dos proyectos de ley que serán analizados por la ALP para favorecer a los productores campesinos del país.
“Uno de los decretos establece que esa comunidad, sea ayllu, sea capitanía acceda a créditos, para ese crédito estamos disponiendo 400 millones de dólares, con fondo de garantía de 20 millones de dólares”, destacó el mandatario.
Resaltó que el sector productor siempre cumple con sus obligaciones para pagar préstamos a los que tiene acceso desde que se implementaron las políticas de la Revolución Agraria, hace más de una década. “Antes el Banco Agrícola era para los terratenientes sacaban crédito, nunca devolvía y pedían condonación”, agregó ante miles de personas que se congregaron en el municipio de Yapacaní del departamento de Santa Cruz.
El segundo Decreto que promulgó establece el control de contrabando de productos agropecuarios en el territorio nacional, mediante un sistema de registro único de agricultura familiar sustentable, que estará a cargo del Observatorio Agroambiental Productivo.
Según información oficial, el tercer Decreto es para la ampliación del programa ‘Nuestro Pozo’, para resolver el problema de riego en las comunidades afectadas por las sequías. El Gobierno nacional decretó, también, el acceso a créditos bancarios para los pequeños productores que están dentro del Pacto de Unidad. El Presidente promulgó, asimismo, un Decreto que viabiliza las compras estatales para las comunidades indígenas originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, reconocidas como organizaciones económicas comunitarias.
Morales presentó, asimismo, dos proyectos de ley, uno que regula la quema involuntaria de bosques, para los pequeños productores agropecuarios de organizaciones económicas comunitarias medianas y empresariales.
Además de otro que refiere la lucha contra el robo de ganado (abigeato), para implementar políticas, estrategias y mecanismos de control de lucha contra ese delito, que establezca una sanción de reclusión de tres a seis años.
“En el Día de la Revolución Agraria y Productiva, enviar un abrazo de hermandad a las compañeras y compañeros trabajadores del agro. Hoy garantizamos que la tierra es para el que la trabaja”, escribió en su cuenta en Twitter.
En más de una década, el presidente Morales entregó a los campesinos e indígenas la mayoría de las tierras para cultivos que antes estaban en manos de latifundistas y empresarios, y no cumplían con la función económica social.
En 12 años hemos distribuido 3.168.465 hectáreas en todo el país, mientras que entre 1995 y 2005, se había distribuido solo 36.834 hectáreas, puntualizó el mandatario.
Según el Gobierno, los títulos de propiedad de la tierra a nombre de mujeres antes representaban solo un 9% y ahora casi llegan al 50%.
Acto público
Asimismo, durante un acto público, Morales promulgó cinco decretos supremos y presentó dos proyectos de ley que serán analizados por la ALP para favorecer a los productores campesinos del país.
“Uno de los decretos establece que esa comunidad, sea ayllu, sea capitanía acceda a créditos, para ese crédito estamos disponiendo 400 millones de dólares, con fondo de garantía de 20 millones de dólares”, destacó el mandatario.
Resaltó que el sector productor siempre cumple con sus obligaciones para pagar préstamos a los que tiene acceso desde que se implementaron las políticas de la Revolución Agraria, hace más de una década. “Antes el Banco Agrícola era para los terratenientes sacaban crédito, nunca devolvía y pedían condonación”, agregó ante miles de personas que se congregaron en el municipio de Yapacaní del departamento de Santa Cruz.
El segundo Decreto que promulgó establece el control de contrabando de productos agropecuarios en el territorio nacional, mediante un sistema de registro único de agricultura familiar sustentable, que estará a cargo del Observatorio Agroambiental Productivo.
Según información oficial, el tercer Decreto es para la ampliación del programa ‘Nuestro Pozo’, para resolver el problema de riego en las comunidades afectadas por las sequías. El Gobierno nacional decretó, también, el acceso a créditos bancarios para los pequeños productores que están dentro del Pacto de Unidad. El Presidente promulgó, asimismo, un Decreto que viabiliza las compras estatales para las comunidades indígenas originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, reconocidas como organizaciones económicas comunitarias.
Morales presentó, asimismo, dos proyectos de ley, uno que regula la quema involuntaria de bosques, para los pequeños productores agropecuarios de organizaciones económicas comunitarias medianas y empresariales.
Además de otro que refiere la lucha contra el robo de ganado (abigeato), para implementar políticas, estrategias y mecanismos de control de lucha contra ese delito, que establezca una sanción de reclusión de tres a seis años.