Procurador responde a Mesa y descarta acusar a Evo Morales por Guaracachi
El procurador del Estado, Pablo Menacho, respondió este miércoles a la solicitud del expresidente Carlos Mesa y descartó presentar una acusación contra el presidente Evo Morales por la nacionalización de la empresa eléctrica Guaracachi. Menacho, mediante una carta leída por el...
El procurador del Estado, Pablo Menacho, respondió este miércoles a la solicitud del expresidente Carlos Mesa y descartó presentar una acusación contra el presidente Evo Morales por la nacionalización de la empresa eléctrica Guaracachi.
Menacho, mediante una carta leída por el subprocurador Javier Moncada, aseguró que, a diferencia de la expulsión “ilegal” de Quiborax durante el gobierno de Mesa, la medida asumida por la administración de Morales fue completamente legal y sin improvisaciones.
“La nacionalización de Guaracachi no fue una medida improvisada, se dio por mandato de la Constitución, se realizó cumpliendo estrictamente el derecho internacional y lo más importante, se dio no solo para mejorar las condiciones de vida a la sociedad boliviana, sino que genera ingresos para el Estado boliviano”, sostuvo.
Agregó que el gobierno de Morales actúo mediante la razón y planificación, “no por pasiones personales, afectos o desafectos” como Mesa.
Remarcó que la Constitución Política del Estado establece como derecho humano fundamental el acceso del pueblo a la energía eléctrica y en ese sentido, todas las nacionalizaciones del área de electricidad se dieron cumpliendo un mandato constitucional.
Indicó que sí se pueden realizar nacionalizaciones en el país, pero cumpliendo el derecho internacional, hecho que el gobierno de Mesa, según su versión, "deliberadamente no lo hizo, imponiendo caprichos personales sobre la legalidad”.
Por eso, “es importante hacer notar las diferencias entre una mala nacionalización como la (de Mesa) y una buena nacionalización como la empresa eléctrica Guaracachi. La nacionalización de Guaracachi, a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales, fue legal, al haberse cumplido con el ordenamiento constitucional jurídico. La legalidad equivale a haber cumplido con el derecho nacional e internacional, aquello de lo que se prescindió en la expulsión de la empresa chilena Quiborax”, insistió.
Además, según el Procurador, no existe la posibilidad de “retirar la proposición acusatoria” contra Mesa porque una vez presentada es potestad exclusiva de la Fiscalía General.
Por tanto, “tengo a bien rechazar y devolver su comunicación”, apuntó Menacho en su respuesta a Mesa.
Tomado de ANF
Menacho, mediante una carta leída por el subprocurador Javier Moncada, aseguró que, a diferencia de la expulsión “ilegal” de Quiborax durante el gobierno de Mesa, la medida asumida por la administración de Morales fue completamente legal y sin improvisaciones.
“La nacionalización de Guaracachi no fue una medida improvisada, se dio por mandato de la Constitución, se realizó cumpliendo estrictamente el derecho internacional y lo más importante, se dio no solo para mejorar las condiciones de vida a la sociedad boliviana, sino que genera ingresos para el Estado boliviano”, sostuvo.
Agregó que el gobierno de Morales actúo mediante la razón y planificación, “no por pasiones personales, afectos o desafectos” como Mesa.
Remarcó que la Constitución Política del Estado establece como derecho humano fundamental el acceso del pueblo a la energía eléctrica y en ese sentido, todas las nacionalizaciones del área de electricidad se dieron cumpliendo un mandato constitucional.
Indicó que sí se pueden realizar nacionalizaciones en el país, pero cumpliendo el derecho internacional, hecho que el gobierno de Mesa, según su versión, "deliberadamente no lo hizo, imponiendo caprichos personales sobre la legalidad”.
Por eso, “es importante hacer notar las diferencias entre una mala nacionalización como la (de Mesa) y una buena nacionalización como la empresa eléctrica Guaracachi. La nacionalización de Guaracachi, a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales, fue legal, al haberse cumplido con el ordenamiento constitucional jurídico. La legalidad equivale a haber cumplido con el derecho nacional e internacional, aquello de lo que se prescindió en la expulsión de la empresa chilena Quiborax”, insistió.
Además, según el Procurador, no existe la posibilidad de “retirar la proposición acusatoria” contra Mesa porque una vez presentada es potestad exclusiva de la Fiscalía General.
Por tanto, “tengo a bien rechazar y devolver su comunicación”, apuntó Menacho en su respuesta a Mesa.
Tomado de ANF
Apoya al periodismo independiente
Tienes acceso libre a 200 notas al mes. Para tener acceso ilimitado y muchos beneficios más adquiere tu Suscripción Digital. Comienza tu prueba gratis ahora
¿Ya estás suscrita/o? No olvides iniciar sesión
Acceder
Si te interesa una suscripción corporativa o institucional llámanos al (+591) 78259007
