Procuraduría dice que juicio a Mesa busca establecer responsabilidad o no en caso Quiborax
La Procuraduría General del Estado aclaró este lunes que el objetivo del juicio contra el expresidente Carlos Mesa es establecer la existencia o no de responsabilidad por la derrota en la demanda internacional de la empresa Quiborax en contra de Bolivia. La aclaración se realiza horas...
La Procuraduría General del Estado aclaró este lunes que el objetivo del juicio contra el expresidente Carlos Mesa es establecer la existencia o no de responsabilidad por la derrota en la demanda internacional de la empresa Quiborax en contra de Bolivia.
La aclaración se realiza horas después que el ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén dijera que el exmandatario debiera reponer con sus bienes los 42,6 millones de dólares que el Estado pagó por la indemnización a la transnacional. "El objetivo de las acciones judiciales que se han iniciado persiguen el resarcimiento del daño económico al Estado", sostuvo la autoridad.
“La Procuraduría General del Estado (PGE) tiene a bien aclarar que la solicitud de Proposición Acusatoria presentada en fecha 22 de mayo pasado ante la Fiscalía General del Estado, en contra del ex presidente Carlos Mesa, tiene como objetivo principal establecer la existencia o no de responsabilidad por la generación de la controversia internacional con la empresa chilena Quiborax S.A. y su socia boliviana, la empresa minera Non Metallic Minerals S.A. (NMM)”, señala el comunicado.
El Estado boliviano perdió la demanda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), después de más de una década de juicio internacional. Actualmente las autoridades gubernamentales se han desligado de toda responsabilidad y han depositado toda la culpa en el exmandatario que revocó las concesiones a Quiborax.
El tribunal arbitral del CIADI, compuesto por tres árbitros internacionales, dispuso el pago de una indemnización (“reparación íntegra”) a favor de las demandantes, Quiborax y NMM, por el valor de las concesiones mineras que les fueron expropiadas en junio del año 2004, mismas que hoy forma parte de la propiedad del Estado boliviano, señala la entidad cuya misión es la defensa de los intereses del Estado.
La Procuraduría espera que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorice el enjuiciamiento del expresidente en base a los principios, valores y garantías constitucionales, no obstante la tramitación continua en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
La controversia internacional surgió por el incumplimiento a la Ley N° 2564, de 9 de diciembre de 2003, al Decreto Supremo N° 27326, de 27 de enero de 2004 y al Código de Minería vigente en ese momento, en el gobierno encabezado por el ex presidente Carlos Mesa, así como por la emisión del ilegal Decreto Supremo N° 27589, de 23 de junio de 2004, argumenta la Procuraduría.
Mesa sostiene que no cometió “ningún error” jurídico durante su mandato, porque el término “revocatoria” que observa el Ejecutivo como ilegal está consignado en la legislación boliviana y que la entonces Superintendencia de Minas saneó el conflicto con la anulación de las concesiones entregadas a Quiborax.
Apunta a las autoridades gubernamentales por la derrota jurídica a causa de la pésima defensa que asumieron en el resguardo de los intereses del Estado, más aún porque el DS 28527 de 16 de diciembre de 2005 del presidente Eduardo Rodríguez, convalidó lo obrado por mi gobierno al establecer: “Que las Resoluciones Administrativas dictadas por la Superintendencia de Minas anulan las resoluciones constitutivas de las concesiones mineras de la Empresa Non Metallic Minerals S.A. y en la actualidad se encuentran ejecutoriadas y causan estado”, sostiene.
Tomado de ANF
La aclaración se realiza horas después que el ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén dijera que el exmandatario debiera reponer con sus bienes los 42,6 millones de dólares que el Estado pagó por la indemnización a la transnacional. "El objetivo de las acciones judiciales que se han iniciado persiguen el resarcimiento del daño económico al Estado", sostuvo la autoridad.
“La Procuraduría General del Estado (PGE) tiene a bien aclarar que la solicitud de Proposición Acusatoria presentada en fecha 22 de mayo pasado ante la Fiscalía General del Estado, en contra del ex presidente Carlos Mesa, tiene como objetivo principal establecer la existencia o no de responsabilidad por la generación de la controversia internacional con la empresa chilena Quiborax S.A. y su socia boliviana, la empresa minera Non Metallic Minerals S.A. (NMM)”, señala el comunicado.
El Estado boliviano perdió la demanda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), después de más de una década de juicio internacional. Actualmente las autoridades gubernamentales se han desligado de toda responsabilidad y han depositado toda la culpa en el exmandatario que revocó las concesiones a Quiborax.
El tribunal arbitral del CIADI, compuesto por tres árbitros internacionales, dispuso el pago de una indemnización (“reparación íntegra”) a favor de las demandantes, Quiborax y NMM, por el valor de las concesiones mineras que les fueron expropiadas en junio del año 2004, mismas que hoy forma parte de la propiedad del Estado boliviano, señala la entidad cuya misión es la defensa de los intereses del Estado.
La Procuraduría espera que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorice el enjuiciamiento del expresidente en base a los principios, valores y garantías constitucionales, no obstante la tramitación continua en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
La controversia internacional surgió por el incumplimiento a la Ley N° 2564, de 9 de diciembre de 2003, al Decreto Supremo N° 27326, de 27 de enero de 2004 y al Código de Minería vigente en ese momento, en el gobierno encabezado por el ex presidente Carlos Mesa, así como por la emisión del ilegal Decreto Supremo N° 27589, de 23 de junio de 2004, argumenta la Procuraduría.
Mesa sostiene que no cometió “ningún error” jurídico durante su mandato, porque el término “revocatoria” que observa el Ejecutivo como ilegal está consignado en la legislación boliviana y que la entonces Superintendencia de Minas saneó el conflicto con la anulación de las concesiones entregadas a Quiborax.
Apunta a las autoridades gubernamentales por la derrota jurídica a causa de la pésima defensa que asumieron en el resguardo de los intereses del Estado, más aún porque el DS 28527 de 16 de diciembre de 2005 del presidente Eduardo Rodríguez, convalidó lo obrado por mi gobierno al establecer: “Que las Resoluciones Administrativas dictadas por la Superintendencia de Minas anulan las resoluciones constitutivas de las concesiones mineras de la Empresa Non Metallic Minerals S.A. y en la actualidad se encuentran ejecutoriadas y causan estado”, sostiene.
Tomado de ANF
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