Juicio a Carlos Mesa es para recuperar los $us 42 millones
El Gobierno a través del ministro de Economía y Finanza Publicas, Mario Guillén, afirmó este domingo que el objetivo del proceso instaurado contra el ex presidente Carlos Mesa es para recuperar los 42,6 millones de dólares que el Estado pagó a la empresa chilena Quiborax por concepto de...



El Gobierno a través del ministro de Economía y Finanza Publicas, Mario Guillén, afirmó este domingo que el objetivo del proceso instaurado contra el ex presidente Carlos Mesa es para recuperar los 42,6 millones de dólares que el Estado pagó a la empresa chilena Quiborax por concepto de indemnización.
“Respecto al tema de Quiborax, básicamente, los procesos que sea iniciado contra el expresidente Carlos Mesa van justamente en la recuperación de los 42,6 millones de dólares. Porque, si producto de una mala actuación, como lo que ha pasado en este tiempo, nosotros tenemos que pagar 42 millones de dólares, entonces alguien ha actuado mal o alguien ha hecho las cosas mal”, afirmó Guillén.
El Ministro de Economía culpó al ex presidente Mesa por daño ocasionado al Estado con el pago de los más de 42 millones de dólares a Quiborax. Ante esto, señaló que el Gobierno debe tomar medidas necesarias para realizar la acción de repetición que permita que el exmandatario devuelva el monto erogado en favor de la empresa chilena.
“En el caso del ex presidente Mesa, él no ha seguido lo que el mismo ha hecho aprobar en su normas. Tenía que hacer unas auditorias, tenía que hacer unos pasos para hacer esta reversión, él no lo hecho y producto de eso tenemos un fallo en contra y obviamente tenemos que tomar las medidas necesarias para repetirle a quien no ha causado este daño”, sostuvo.
Este caso se mediatizó después que en mayo se conociera que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) falló en contra de Bolivia y ratificó el laudo arbitral que le obliga pagar 48,6 millones de dólares a Quiborax por la reversión de una concesión en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.
Ese mismo mes, la Procuraduría General del Estado presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del ex presidente Mesa y tres de sus ex ministros, por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, después de que Bolivia perdió arbitraje internacional con la empresa chilena Quiborax.
A inicios de junio, la Procuraduría y el Ministerio de Minería informaron que arribaron a un acuerdo transaccional con la empresa chilena para el pago de 42.6 millones de dólares, por concepto de indemnización. Ese mismo mes, Mesa presentó una denuncia por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes contra los ministros de Justicia Héctor Arce, el de Minería César Navarro, el procurador Pablo Menacho y la ex procuradora Elizabeth Arismendi por este mismo caso.
En pasado 9 de este mes, el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, presentó el Requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades en contra de Carlos Mesa por el caso Quiborax, misma fue realizada ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la ciudad de Sucre.
De acuerdo a procedimiento, Mesa irá a un juicio una vez que se cumplan las formalidades entre el TSJ y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), este último debe determinar el inicio de juicio de responsabilidad.
“Respecto al tema de Quiborax, básicamente, los procesos que sea iniciado contra el expresidente Carlos Mesa van justamente en la recuperación de los 42,6 millones de dólares. Porque, si producto de una mala actuación, como lo que ha pasado en este tiempo, nosotros tenemos que pagar 42 millones de dólares, entonces alguien ha actuado mal o alguien ha hecho las cosas mal”, afirmó Guillén.
El Ministro de Economía culpó al ex presidente Mesa por daño ocasionado al Estado con el pago de los más de 42 millones de dólares a Quiborax. Ante esto, señaló que el Gobierno debe tomar medidas necesarias para realizar la acción de repetición que permita que el exmandatario devuelva el monto erogado en favor de la empresa chilena.
“En el caso del ex presidente Mesa, él no ha seguido lo que el mismo ha hecho aprobar en su normas. Tenía que hacer unas auditorias, tenía que hacer unos pasos para hacer esta reversión, él no lo hecho y producto de eso tenemos un fallo en contra y obviamente tenemos que tomar las medidas necesarias para repetirle a quien no ha causado este daño”, sostuvo.
Este caso se mediatizó después que en mayo se conociera que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) falló en contra de Bolivia y ratificó el laudo arbitral que le obliga pagar 48,6 millones de dólares a Quiborax por la reversión de una concesión en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.
Ese mismo mes, la Procuraduría General del Estado presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del ex presidente Mesa y tres de sus ex ministros, por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, después de que Bolivia perdió arbitraje internacional con la empresa chilena Quiborax.
A inicios de junio, la Procuraduría y el Ministerio de Minería informaron que arribaron a un acuerdo transaccional con la empresa chilena para el pago de 42.6 millones de dólares, por concepto de indemnización. Ese mismo mes, Mesa presentó una denuncia por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes contra los ministros de Justicia Héctor Arce, el de Minería César Navarro, el procurador Pablo Menacho y la ex procuradora Elizabeth Arismendi por este mismo caso.
En pasado 9 de este mes, el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, presentó el Requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades en contra de Carlos Mesa por el caso Quiborax, misma fue realizada ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la ciudad de Sucre.
De acuerdo a procedimiento, Mesa irá a un juicio una vez que se cumplan las formalidades entre el TSJ y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), este último debe determinar el inicio de juicio de responsabilidad.