Procurador a la espera que la Fiscalía apruebe proposición acusatoria contra Mesa
El procurador general del Estado, Pablo Meacho está a la espera de que la Fiscalía General, este lunes, resuelva si existe o no materia justiciable y que se decida por un "requerimiento acusatorio" en contra del expresidente Carlos Mesa a quien responsabiliza por el caso Quiborax. “Ahora...
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El procurador general del Estado, Pablo Meacho está a la espera de que la Fiscalía General, este lunes, resuelva si existe o no materia justiciable y que se decida por un "requerimiento acusatorio" en contra del expresidente Carlos Mesa a quien responsabiliza por el caso Quiborax.
“Ahora viene que la Fiscalía determine si existe materia justiciable o no, es decir, que va a continuar o rechazar la proposición acusatoria. El lunes seguro que se pronuncia”, declaró la autoridad en los medios gubernamentales.
El pasado 22 de mayo, la Procuraduría presentó ante el Ministerio Público una proposición acusatoria contra Mesa por considerarlo responsable de que la empresa Quiborax haya denunciado al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Menacho en esa oportunidad dijo que la denuncia fue presentada por los delitos de "resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica", porque existen las pruebas de sus actos.
El CIADI falló en contra de Bolivia, el país debió pagar 48,6 millones de dólares a Quiborax, que al final cerró el caso con la cancelación del millonario monto de 42,6 millones de dólares.
La autoridad explicó que si el Ministerio Público viabiliza la proposición acusatoria enviará la resolución al Tribunal Supremo de Justicia que someterá el caso ante la Sala Penal para que determine si se cumplieron con todas las garantías constitucionales.
Si la justicia determina la procedencia enviará el legajo a la Asamblea Legislativa Plurinacional “para que determine si autoriza o no el juicio contra la exautoridad”, declaró el Procurador.
Manifestó que mucho antes su despacho había identificado de la responsabilidad de Mesa y otras exautoridades, no obstante se planteó la denuncia recién el 22 de mayo, para evitar que el caso interfiera en el proceso ante el tribunal internacional.
“Hubiéramos generado prueba a favor de la contraparte del proceso”, pudieron haber sido utilizadas por la parte demandante ante el tribunal, sostuvo Menacho.
Ratificó que Mesa es responsable por sus actuaciones en junio de 2004, por incumplir la Ley 2564, por no haber elaborado las seis auditorías y por no haber seguido el procedimiento de nulidad de las concesiones por la exploración y explotación de ulexita en el Salar de Uyuni.
Carlos Mesa
Por su parte Mesa espera que la Fiscalía General rechace el pedido de la Procuraduría, asegura que los responsables de la mala defensa de los intereses del Estado son: El Ministerio de Defensa Legal del Estado y la Procuraduría.
La exautoridad también ha interpuesto una denuncia en contra de Héctor Arce, César Navarro, Menacho y Elizabeth Arismendi por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en el caso Quiborax.
El pasado jueves reiteró que los verdaderos responsables de la derrota del proceso de arbitraje contra Quiborax ante el CIADI quieren “cargarle el muerto” en afán de electoralizar el proceso y dejar de lado los resultados del referéndum del 21 de febrero (21F).
“Tiene que ver con la responsabilidad de quienes no supieron defender los intereses del Estado, tratar de pasármela a mí y cargarme -para ponerlo en términos populares- el muerto sobre una responsabilidad que yo no tengo”, afirmó Mesa.
Tomado de ANF
“Ahora viene que la Fiscalía determine si existe materia justiciable o no, es decir, que va a continuar o rechazar la proposición acusatoria. El lunes seguro que se pronuncia”, declaró la autoridad en los medios gubernamentales.
El pasado 22 de mayo, la Procuraduría presentó ante el Ministerio Público una proposición acusatoria contra Mesa por considerarlo responsable de que la empresa Quiborax haya denunciado al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Menacho en esa oportunidad dijo que la denuncia fue presentada por los delitos de "resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica", porque existen las pruebas de sus actos.
El CIADI falló en contra de Bolivia, el país debió pagar 48,6 millones de dólares a Quiborax, que al final cerró el caso con la cancelación del millonario monto de 42,6 millones de dólares.
La autoridad explicó que si el Ministerio Público viabiliza la proposición acusatoria enviará la resolución al Tribunal Supremo de Justicia que someterá el caso ante la Sala Penal para que determine si se cumplieron con todas las garantías constitucionales.
Si la justicia determina la procedencia enviará el legajo a la Asamblea Legislativa Plurinacional “para que determine si autoriza o no el juicio contra la exautoridad”, declaró el Procurador.
Manifestó que mucho antes su despacho había identificado de la responsabilidad de Mesa y otras exautoridades, no obstante se planteó la denuncia recién el 22 de mayo, para evitar que el caso interfiera en el proceso ante el tribunal internacional.
“Hubiéramos generado prueba a favor de la contraparte del proceso”, pudieron haber sido utilizadas por la parte demandante ante el tribunal, sostuvo Menacho.
Ratificó que Mesa es responsable por sus actuaciones en junio de 2004, por incumplir la Ley 2564, por no haber elaborado las seis auditorías y por no haber seguido el procedimiento de nulidad de las concesiones por la exploración y explotación de ulexita en el Salar de Uyuni.
Carlos Mesa
Por su parte Mesa espera que la Fiscalía General rechace el pedido de la Procuraduría, asegura que los responsables de la mala defensa de los intereses del Estado son: El Ministerio de Defensa Legal del Estado y la Procuraduría.
La exautoridad también ha interpuesto una denuncia en contra de Héctor Arce, César Navarro, Menacho y Elizabeth Arismendi por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en el caso Quiborax.
El pasado jueves reiteró que los verdaderos responsables de la derrota del proceso de arbitraje contra Quiborax ante el CIADI quieren “cargarle el muerto” en afán de electoralizar el proceso y dejar de lado los resultados del referéndum del 21 de febrero (21F).
“Tiene que ver con la responsabilidad de quienes no supieron defender los intereses del Estado, tratar de pasármela a mí y cargarme -para ponerlo en términos populares- el muerto sobre una responsabilidad que yo no tengo”, afirmó Mesa.
Tomado de ANF
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