Arce, siguiente destino

Dos movimientos en esta semana han despertado cierta inquietud aun pasando por debajo del radar dados los acontecimientos. El primero fue la renuncia de Luis Arce Catacora a la candidatura de primer Senador por La Paz con el Movimiento Al Socialismo (MAS); el segundo, la reposición de un debate en el marco parlamentario que se daba por zanjado: los contratos de litio.

La vida de Luis Arce ha cambiado sustancialmente desde que ingresó como ministro de Economía en el primer gobierno de Evo Morales de la mano del fallecido Carlos Villegas, vieja guardia marxista y primer ministro de Planificación de Morales que había puesto las bases del modelo para responder al shock inicial que necesariamente debía materializarse en forma de nacionalización.

Luis Arce, con su imagen de contable aplicado, fue ganando peso en el terreno económico luego de que Villegas se fuera raudo y feliz a controlar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), descarrilando en buena medida los planes de industrialización con la venia de Morales, que siempre priorizó la campaña proselitista en forma de “redistribución” de riqueza vía canchitas y galpones en todas las comunidades del país.

La imagen afable del ministro repeinado de las lentes redondas entraba en colisión con su trato áspero en las distancias cortas, pero para entonces el propio Morales ya le había consagrado con el mito de artífice del “milagro boliviano” – que ahora niega -, y su poder fue creciendo aún más tras la muerte de Villegas: Arce controló todo el aparato estatal financiero, del ministerio de Planificación al de Desarrollo Productivo, con su BDP, su ASFI, su Banco Unión – donde trabajaba su esposa -, su Gestora Pública de Pensiones y todas las participaciones en los conglomerados económicos multilaterales, como el FMI, la CAF o el Fonplata de Mariana Prado, la favorita del vicepresidente Álvaro García Linera, que a su vez se había convertido en el “gran orientador” de la política económica.

En 2012 a Villegas ya se le preguntaba qué iba a pasar tras el contrato con Brasil y en 2014 Arce seguía negando que el modelo que había bautizado como “Económico, Social, Productivo y Comunitario) se construyera sobre los recursos del gas que estaban tambaleando. Si hasta entonces la economía boliviana había registrado incluso superávit fiscales, a partir de entonces el entramado empezó a girar hacia el endeudamiento a gran escala: Bonos soberanos, acuerdos con China, y pacto con el sistema financiero además de una piedra angular: la Gestora Pública de Pensiones que es hacia donde se había derivado buena parte de la bonanza del gas.

Morales impuso a Arce candidato por encima de todos los movimientos sociales. El ministro “contable” había salido de la embajada de México en La Paz con un salvoconducto entregado por Jeanine Áñez alegando motivos de salud antiguos – aparentemente restablecido en su totalidad – y apareció en enero de 2020 en aquella mesa del CTA en Buenos Aires donde Morales designó sucesor. Vistos los hechos posteriores, es evidente que lo hizo pensando en mantener “atado y bien atado” el entramado financiero con todos sus pactos, entendiendo que le dejaría espacio libre para manejar la parte política. Originalmente fue así, pero pronto se torció.

La deriva de los cinco años de gobierno de Arce se marcó al inicio, cuando se subestimó el tamaño de la crisis por venir – se declaró el triunfo sobre la crisis pandémica de inmediato – y se negó cualquier tipo de reforma estructural, aun desde los supuestos planteamientos ideológicos que dice defender el gobierno: no hubo reforma fiscal y tampoco bancaria, y en el momento en el que la fuga de capitales era más que evidente, Arce se negó reiteradamente a declarar ningún control sobre los mismos.

Algunas “malas lenguas” vinculan esta inacción con la facilidad con la que se descabezó a la Gobernación de Santa Cruz de Luis Fernando Camacho; otros aluden directamente a la connivencia interesada entre los bancos y la parte económica del Gobierno, en el plano más personal, con un gran paraguas que todo lo puede: el 52% de los recursos de la Gestora Pública están “invertidos” en los bancos nacionales.

El último escándalo que ha afectado a la familia Arce: la compra del predio Adán y Eva con un jugoso crédito y notables ventajas entregadas por parte de otras instancias del Gobierno – Upre, Emapa, ABT, etc., - con la notable coincidencia de que la Gestora aumentó generosamente la inversión en el banco que facilitó la operación a los hijos del presidente ha acabado por desfondarle: el miércoles presentó su renuncia como aspirante a primer senador por La Paz con el MAS de Eduardo del Castillo, que no se ha pronunciado al respecto, y eso que la última vez que discreparon el ministro de Justicia acabó preso.

Sin embargo, lo que parecía una retirada definitiva, una rendición sin paliativos, una renuncia a pelear si quiera por su propio legado, está teniendo un paradigmático epílogo: los contratos de litio han vuelto a entrar en la Asamblea Plurinacional con extraordinaria violencia para intentar ser aprobados después de dos años de calabazas a solo un mes de elecciones. Contratos con los que también se vinculó a los hijos de Luis Arce, hijos que eran wawas cuando Carlos Villegas invitó a su papá a enrolarse en el “proceso de cambio” y que han crecido en sus intestinos y que ahora, ya, deben estar pensando en su siguiente destino.