Las graves preguntas que suscita el Fondo Indígena

Dichos dirigentes nos cuentan que hace tiempo vienen pidiendo a los directores ejecutivos y a los técnicos que transparenten lo que viene ocurriendo con los diferentes proyectos, pero que directores y técnicos no acatan, y entonces ellos -los indefensos miembros del directorio, incluida en primer lugar su presidenta- no pueden hacer nada... ¿Realmente para eso hay un directorio? ¿Para que se limite a firmar? ¿Es directorio o firmatorio? Por lo menos esperamos que no cobren por sólo firmar… Encima, nos cuentan que el “control social” no tiene más atribuciones que la de “recibir informes”. ¿Quién se inventó ese concepto de control?, porque no está ni en la Constitución  ni siquiera en la discutible Ley de Control Social. Además de que no queda nada claro quién conforma ese mecanismo de control social, nos atrevemos a suponer que su composición no depende de las organizaciones indígenas originarias campesinas…Por tanto, en vez de aclararnos la situación, los miembros de ese directorio nos confunden cada vez más, porque si ni el directorio ni el mecanismo de control social puede  impedir que en el Fondo reine la corrupción, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién es responsable de que doña Felipa Huanca haya estampado su firma por la recepción de 99.000 bolivianos que no se sabe dónde fueron a parar?  ¿Quién es responsable de ese proyecto fantasma de 1,2 millones de bolivianos para “producción sostenible de ajo” y a nombre del cuál se compró la firma de cada comunario a cambio de una libra de ajo, que ha venido a ser lo único que recibieron los supuestos beneficiarios del proyecto y del Fondo? (Y parece que ahí también queda involucrada la candidata a la Gobernación de La Paz sin que nadie diga nada).Por su parte, los comunarios de Puerto Acosta pidieron información en marzo de 2014, y al cabo de un año no la reciben. ¿Son también inocentes los miembros del directorio? ¿Realmente para eso hay directorio? Nos tenemos que preguntar seriamente si no tiene razón Roger Cortez cuando sospecha que el Fondo Indígena sólo ha servido para cooptar a representantes de pueblos indígenas originarios campesinos para dividir a la CIDOB y al Conamaq para promover el enfrentamiento y la descomposición, siguiendo la vieja táctica de “divide y vencerás”…  Por su parte, esas dos organizaciones -más el Consejo Continental de la Nación Guaraní- vienen denunciando que en los años anteriores se han promulgado dos leyes y cuatro decretos para irle recortando más de la mitad de recursos al Fondo Indígena (para fines que no tienen nada que ver con el fomento de la producción alimentaria, incluyendo, por ejemplo, el pago a consultores del INRA).Denuncian también que la Contraloría ha tocado sólo una pequeña parte (153 proyectos de un total de 859), y que por lo menos un 90% de esos proyectos no se cerraron de manera adecuada (sólo uno estaría seriamente respaldado). Añaden que los primeros cuatro años el Fondo no funcionó y que en ese tiempo se acumularon 204 millones de dólares. Y, finalmente, denuncian que ahora la ministra, en lugar de aclarar todo ese misterio millonario, lo que pretende es rediseñar el Fondo…  Señores y señoras del directorio: es imprescindible que tomen medidas y aclaren cifras, circunstancias y responsables, y que ustedes asuman su responsabilidad. De lo contrario, deberán ser ustedes los primeros ejemplos de ese anuncio del Presidente del Estado cuando dijo que “caerán muchos”… No se trata de un problema suelto, se trata de un problema que nos afecta a todos y todas, porque afecta la credibilidad misma del proceso, afecta a sus principales protagonistas, que son los pueblos indígenas, y puede afectar la imagen del propio Presidente. Ha llegado la hora de ser implacables, ¿no creen ustedes?Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba