Víctimas de masacres en Perú rechazan presidencia de Keiko

La Asociación de Mártires y Víctimas de las protestas de 2022 y 2023 en Perú rechazó este martes frente al Palacio de Justicia el virtual triunfo de Keiko Fujimori por blindar a los asesinos de sus seres queridos además de alertar sobre retrocesos en derechos humanos.

La principal vocera de la organización de familiares de las víctimas, Milagros Samillán, declaró que no aceptarán un Gobierno liderado por la hija de un dictador porque su partido ha blindado históricamente a la expresidenta Dina Boluarte y a los ministros responsables de ordenar la violencia contra el pueblo.

Durante la movilización frente a la sede judicial los manifestantes exhibieron retratos de las personas asesinadas en regiones del sur como Ayacucho, Apurímac, Junín, Macusani y Juliaca, donde el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), obtuvo un respaldo electoral contundente frente al fujimorismo.

La representante recordó que su propio hermano fue asesinado en la localidad de Juliaca mientras brindaba auxilio médico a los manifestantes heridos por la represión estatal que cobró la vida de 49 ciudadanos civiles entre finales de 2022 y principios de 2023.

Los colectivos sociales denunciaron que los legisladores del partido derechista Fuerza Popular promovieron sistemáticamente leyes que buscan garantizar la impunidad de los efectivos policiales y militares que dispararon contra las movilizaciones populares que exigían la renuncia de Boluarte.

La organización de derechos humanos advirtió que el ascenso de Fujimori al Poder Ejecutivo representa una grave amenaza para los derechos humanos en todo el país y alertó sobre la falta de justicia que todavía persiste para las víctimas de la dictadura de Alberto Fujimori.

Los familiares cuestionaron la transparencia de las elecciones presidenciales al denunciar supuestas irregularidades cometidas en el conteo de votos del extranjero, donde la candidata fujimorista obtuvo un beneficio decisivo tras modificarse las reglas de digitalización en la segunda vuelta.

Los portavoces responsabilizaron directamente a la líder derechista por cualquier estallido social que ocurra en las calles tras advertir que la juventud y diversos movimientos populares se están organizando activamente para confrontar lo que consideran un Gobierno ilegítimo y autoritario.

La activista rechazó enérgicamente los intentos oficiales de criminalizar su lucha al enfatizar que los integrantes de la asociación no son terroristas, sino familiares a los que se les arrebató la vida de sus seres queridos.