Condenan a once años de prisión a Pedro Castillo

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Perú condenó este jueves al expresidente, Pedro Castillo, a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, acusado de intentar dar un golpe de Estado cuando trató de disolver el Congreso de la República.

Delitos de rebelión

La Fiscalía de la Nación solicitaba 34 años de prisión contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, pero a última hora cambió su pedido a 11 años, 5 meses y 15 días.

Y es que el ex jefe de Estado (2021-2022) fue absuelto de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Además, los togados consideraron que, en vez de rebelión, dado que no hubo alzamiento armado, se produjo fue una tentativa liderada por altas autoridades.

Por esto, los extitulares del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y Aníbal Torres, también fueron sentenciados. Para la exfuncionaria, actualmente asilada en la Embajada de México en Lima, impusieron una condena de 11 años, 5 meses y 15 días; mientras que el exabogado de Castillo recibió 6 años y 8 meses por ser una persona octogenaria.

Durante la lectura de la sentencia, la jueza suprema Norma Beatriz Carbajal Chávez adujo que Castilo trató de "suprimir el régimen constitucional" al no cumplir los procedimientos para disolver el Congreso y, por ende, hacerlo "de manera inconstitucional".

A su turno, el presidente de la Sala Penal Especial, José Antonio Neyra Flores, aseguró que el exdignatario "intentó huir a la embajada de México" luego de su mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022, buscando "impunidad".

Castillo, quien también fue inhabilitado este jueves para ejercer funciones públicas por dos años, acumulaba 18 meses de prisión preventiva, que en julio del año pasado fue prolongada por el Poder Judicial para 18 meses más tras presuntamente "inferir la subsistencia del peligro de fuga".

Previamente, la Comisión Permanente del Parlamento aprobó el martes un informe final que recomienda inhabilitarlo de la función pública por 10 años, mencionando incriminatorias acciones previas y posteriores al mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022. La decisión final la tomará el pleno próximamente.

Esa fecha marcó el fin del gobierno de Castillo.