Ecuador: Agentes penitenciarios exigen garantías

Agentes penitenciarios de Ecuador exigieron garantías para ejercer su trabajo tras la muerte en 2025 de 17 miembros del gremio como consecuencia de la violencia en las cárceles y uno más contagiado de tuberculosis.

En rueda de prensa este viernes, Wilman Alarcón, presidente de la Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios, señaló que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), entidad encargada de administrar las prisiones, tiene abandonados a sus funcionarios.

Alarcón afirmó que tienen los peores salarios, pese a que su trabajo es altamente peligroso y se desempeñan en condiciones penosas, tóxicas, insalubres y riesgosas.

En cuanto a la situación de los prisioneros, indicó que este año la mayoría de las muertes en las cárceles se deben a los problemas de salud y no precisamente a temas de violencia.

Son 700 muertos por tuberculosis en lo que va del año, estimó el dirigente, que solicitó actuar al Ministerio de Salud ya que “hay muchos fallecidos todos los días”.

Por otro lado, Alarcón rechazó la decisión del Ministerio del Interior de reemplazar a los guías penitenciarios por policías y militares en servicio pasivo, pues sus misiones están enfocadas en otras áreas distintas a las que se requieren en los penales.

Se pretende pagar doble sueldo a los uniformados y con eso se podría contratar más personal y fortalecer el cuerpo de agentes penitenciarios, declaró Alarcón.

Agregó que actualmente hay 800 custodios, sin armas letales, para 37 mil privados de libertad, “una diferencia abismal” que vuelve imposible cumplir los estándares mínimos de seguridad.

El sistema penitenciario en Ecuador permanece bajo control parcial de las Fuerzas Armadas desde enero de 2024, cuando el presidente, Daniel Noboa, decretó la existencia de un conflicto armado interno en el país y declaró terroristas a las bandas criminales.

A la nueva cárcel de máxima seguridad, ubicada en la provincia de Santa Elena y aún sin inaugurar, la semana pasada trasladaron a 300 reos, “los más peligrosos”, y allí no opera ningún agente del cuerpo penitenciario.

Alarcón sostuvo que esta situación evidencia un desplazamiento institucional que ha dejado sin funciones reales al personal especializado.

Cuestionó la ausencia de programas de tratamiento para los privados de libertad.