Ecuador: Noboa declara en emergencia a 10 de las 24 provincias

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción en 10 de las 24 provincias del país en medio de protestas de indígenas contra su gobierno que dejan un manifestante muerto, informó el domingo la sede presidencial.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la mayor organización de pueblos originarios del país, inició el 22 de setiembre protestas con el bloqueo de vías en varias provincias en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio aumentó de 1,80 a 2,80 dólares el galón.

Las protestas dejan un manifestante fallecido por impactos de balas y una veintena de agentes retenidos temporalmente, así como unos 150 heridos entre civiles, militares y policías y un centenar de detenidos, según cifras oficiales y de oenegés de derechos humanos.

Mediante un decreto, Noboa declaró la emergencia en siete provincias andinas, incluida Pichincha (cuya capital es Quito) y tres amazónicas “por la causal de grave conmoción interna”, señaló la presidencia a través de la red social X hacia la medianoche del sábado.

Con esa medida, que estará en vigencia durante 60 días, el mandatario dispuso la movilización de la fuerza pública para “mantener el orden, prevenir acontecimientos de violencia (...) el derecho a la libre circulación y el desarrollo de actividades económicas”, agregó.

El principal foco de choques entre manifestantes y la fuerza pública se registran en Imbabura (norte), una provincia andina dedicada sobre todo a la ganadería y la floricultura donde se concentra un 10% de la población indígena. El sector de flores estima las pérdidas en un millón de dólares al día.

El alza del precio del diésel en 56% representa un golpe para la economía de los campesinos, según la Conaie, que también reclama la baja del IVA del 15% al 12% y asignación de mayores presupuestos para la educación y salud públicas.

El incremento de los combustibles es un tema sensible en Ecuador y ha derivado en violentas movilizaciones indígenas y de otros sectores sociales durante los gobiernos de los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso, en 2019 y 2022 respectivamente.

El gobierno de Noboa denuncia “actos terroristas” durante las manifestaciones y amenaza a los responsables con penas de hasta 30 años de cárcel por ese delito.

El mandatario, quien sostiene una guerra contra el crimen organizado, asegura que entre los manifestantes hay infiltrados de mafias como la banda venezolana Tren de Aragua, aunque no ha detallado su denuncia.