Por unanimidad
Brasil juzgará a 10 militares por trama golpista
Los magistrados consideraron que existen indicios sólidos y pruebas suficientes para iniciar la acción punitiva
La primera sala de la Corte Suprema de Brasil decidió este martes por unanimidad aceptar la denuncia contra 10 de 12 miembros del denominado núcleo tres de la supuesta trama golpista investigada tras las elecciones presidenciales de 2022.
Compuesto por 11 militares del Ejército y un agente de la Policía Federal, este grupo fue señalado por la Fiscalía General como responsable de realizar acciones tácticas con el objetivo de presionar al alto mando para que se sumara a un intento de golpe de Estado.
La intención habría sido mantener al entonces mandatario Jair Bolsonaro en el poder, a pesar de su derrota electoral frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Con tal decisión, los 10 implicados pasarán a responder como acusados formales en el proceso penal que investiga el intento de ruptura institucional tras las elecciones.
La sesión judicial fue marcada por una postura unánime entre los magistrados, quienes consideraron que existen indicios sólidos y pruebas suficientes para iniciar la acción punitiva.
El voto del relator del caso, ministro Alexandre de Moraes, fue seguido por sus colegas Flávio Dino y Luiz Fux, consolidando la mayoría en el juzgado superior.
Posteriormente, la ministra Cármen Lúcia Antunes y el presidente de la primera sala, Cristiano Zanin, también se alinearon con el parecer de De Moraes, conformando así la unanimidad del colegiado.
Esta fue la primera vez, entre los cuatro juicios relacionados con los diferentes núcleos denunciados, en que el Supremo Tribunal Federal (STF) rechazó parcialmente las acusaciones del Ministerio Público Federal, al absolver preliminarmente a dos de los investigados.
La determinación refuerza el criterio del STF de analizar caso por caso con base en el grado de implicación y las pruebas aportadas.
El núcleo tres sería parte de un conjunto de células operativas que, según la Fiscalía General, planeaban crear un ambiente propicio para una intervención militar, alegando fraude electoral y cuestionando la legitimidad del resultado que dio la victoria a Lula.
Los delitos imputados incluyen asociación para delinquir, tentativa de abolición del Estado democrático de derecho y golpe de Estado.
El dictamen del Supremo representa un paso clave en la rendición de cuentas institucional ante la amenaza de ruptura democrática que vivió Brasil tras las elecciones.
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