Lo que no es bueno para la democracia en Perú, no es bueno para las mujeres

“Estamos ante un gobierno profundamente conservador que está abriendo las puertas a todos los retrocesos. Tenemos un Estado fallido con una democracia que ya no es democracia”, afirmó Gina Vargas, feminista peruana reconocida internacionalmente por sus aportes a los derechos de las mujeres.

En entrevista con IPS desde su hogar en Lima, Vargas compartió su mirada respecto de Perú, un país con 34  millones de habitantes, que atraviesa una profunda crisis política que debilita sus entidades democráticas, lo que redunda en contra de los derechos de las personas en mayor vulnerabilidad como son las mujeres y la población Lgbti+.

La población femenina suma poco más de 17 millones según el gubernamental Instituto Nacional de Estadística e Informática, mientras que un estudio realizado en 2019 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estableció que las personas adultas de la diversidad sexual llegarían a 1,7 millones.

Vargas, una de las fundadoras del feminista Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, una de las organizaciones más antiguas del feminismo latinoamericano, sostuvo que las fuerzas conservadoras que se expresan como la ultraderecha en el Perú están buscando recuperar lo que perdieron en cuanto a sus valores en las últimas tres décadas.

Ese periodo comenzó con la aprobación de la Plataforma de Acción Mundial de Beijing, se lograron normas y mecanismos para el adelanto de las mujeres.

En setiembre de 1995, hace 30 años, se realizó en la capital china la IV Conferencia Mundial de la Mujer: Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz, convocada por Naciones Unidas. Participaron representantes de 189 países, no solo de gobiernos sino de los movimientos de mujeres y de feministas.

“Los conservadores nos están quitando todo lo que creen que va contra sus principios tradicionales, cuando la realidad de las peruanas es de discriminación, violencia, feminicidios, violación sexual de niñas, negación del aborto terapéutico”: Gina Vargas.

Socióloga de profesión, Gina Vargas cumplirá 80 años en julio. Ella coordinó la participación en el foro mundial de las organizaciones de sociedad civil de América Latina y el Caribe, así como sus aportes a la Plataforma, que reúne los compromisos de los Estados respecto a 12 áreas de acción sobre la situación de las mujeres en el planeta.

Destacó que en ese marco se instituyeron mecanismos al más alto nivel para promover la igualdad de derechos, que en el caso del Perú es en la actualidad el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Sin embargo, este será diluido dentro de la ola regresiva en una próxima fusión con el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social.

“Los conservadores nos están quitando todo lo que creen que va contra sus principios tradicionales, cuando la realidad de las peruanas es de discriminación, violencia, feminicidios, violación sexual de niñas, negación del aborto terapéutico”, deploró.

Según cifras oficiales, el 2024 ocurrieron 170 feminicidios a nivel nacional. El número del último trienio se eleva a 450 al incorporar las víctimas de los años 2022 y 2023.  Perú cuenta con una ley frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, y ha incorporado el delito de feminicidio en el Código Penal.

Estos son graves problemas que hace tres décadas eran débilmente abordados por el Estado o se encontraban ausentes de su agenda. Pero Vargas resaltó que la Plataforma de Beijing dejó un conjunto de compromisos a ser cumplidos y ampliados, como ha ocurrido en muchos países.

“Pero en Perú se enfrenta a una resistencia brutal en un contexto en que no hay equilibrio de poderes y el Legislativo da leyes para cooptar las diferentes instituciones democráticas en su deseo de controlar el país”, subrayó.

El legislativo Congreso de la República es aprobado por apenas 5 % de la población y la gestión de la presidenta Dina Boluarte por 6 %, según los últimos sondeos que reflejan uno de los periodos de mayor descrédito de los poderes del Estado en el país.

Ambos poderes son vistos como coludidos en favor de intereses personales, muy vinculados a la corrupción e incapaces de responder a la inseguridad ciudadana y la pobreza, dos de los problemas más álgidos en este país sudamericano y andino.

Vargas alertó: “estamos ante un Estado fallido, con un avance del fundamentalismo, autoritarismo e imposición de la derecha. Definitivamente, lo que no es bueno para la democracia, de ninguna manera es bueno para nosotras ni para las diversidades sexuales”.

Miedo a perder derechos

Antonella Martel de 29 años y sicóloga de profesión, creció en un país que ya contaba con un marco favorable de derechos de las mujeres y garantizaba la igualdad de género, establecida en la Constitución de 1979 y que no modificó la vigente desde 1993.

Es consciente de que accedió a más oportunidades de las que tuvieron su madre y abuelas. “Ahora los roles tradicionales de mujeres y hombres se cuestionan, no están normalizados como antes. Y también hay leyes ante la violencia de género, aunque el acceso a justicia es complicado”, manifestó a IPS.

Ante el contexto actual, expresó sentir temor de que los derechos ganados se puedan perder.  “Hay desconfianza en las instituciones que no son aliadas de las luchas de las mujeres ni cumplen un rol protector de sus derechos”, comentó.

Una de sus mayores preocupaciones es que los retrocesos y la desaparición del Ministerio de la Mujer al fusionarse con otro ministerio, debiliten la acción del Estado frente a la violencia. “Ese problema lo vivimos cada día las mujeres y se puede poner peor”, dijo.

María Ysabel Cedano, abogada de la institución Demus y asambleísta del no gubernamental LIFS, cuestionó la falta de protección a los derechos de la población Lgbti. «Las lesbianas no somos invisibles porque estemos escondidas en el closet, sino porque nadie quiere verte ni que te vean», asegura. Imagen: Mariela Jara / IPS

No nos quieren ver

Abogada de la institución feminista pro derechos humanos Demus y asociada de la no gubernamental Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (Lifs), María Ysabel Cedano, de 59 años, consideró que el planeta vive una nueva etapa fascista, que en Perú tiene su propia versión en el fujimorismo y sus aliados políticos conservadores, sean ideológicamente de derecha o de izquierda.

El ya fallecido Alberto Fujimori gobernó en forma autócrata entre 1990 y 2000 y estableció un movimiento ultraconservador que ahora se expresa en el partido Fuerza Popular, el primer grupo legislativo y que lidera su hija Keiko Fujimori.

Justamente, Fujimori fue el único jefe de Estado que concurrió a la Conferencia de Beijing, donde promocionó su nueva Política Nacional de Población y sus medidas de control de la natalidad. Después se supo que incluía la esterilización forzada, masiva e inconsulta de pobres e indígenas, sobre todo en áreas rurales, una práctica de la que fueron víctimas unas 300 000 mujeres.

“Estamos ante el secuestro de la democracia como horizonte político, un sistema que a pesar de sus fallas nos permitió el ensanchamiento de las libertades y derechos como la igualdad y no discriminación, el acceso a la justicia y los relacionados a las mujeres, que han sido producto de luchas sostenidas”, reflexionó Cedano en entrevista con IPS.

Explicó que a los grupos antiderechos no les ha bastado con tomar el Estado como un botín a través de la corrupción, sino que operan como un régimen de ataque a todo lo que se oponga a sus creencias, buscando imponer un pensamiento totalitario.

Al finalizar 2024, la institución Transparencia emitió un informe acerca de 20 leyes aprobadas por este Congreso de la República que debilitaron la democracia, favorecieron el accionar de grupos criminales y mellaron derechos humanos y ambientales.

“No necesitan de las guerras típicas con armas letales, han desarrollado los mecanismos tecnológicos para apropiarse de las mentes y corazones mediante el negacionismo y la desinformación”, destacó.

Cedano se refirió a Argentina donde el presidente libertario Javier Milei está desmontando los logros en materia de derechos, y al multitudinario rechazo de la población el sábado 1 de febrero. Junto con su colectivo Lifs se sumó al plantón de solidaridad frente a la embajada de ese país.

“Argentina genera e irradia indignación. Experimentó y gozó la dignidad y sabe lo que ha perdido, en cambio en Perú no lo sabemos porque nunca hemos tenido nada”, dijo respecto a los derechos para la población Lgbti+.

Detalló que ni siquiera se cuenta con leyes de identidad de género o de matrimonio igualitario. “En realidad sobrevivimos sin goce de derechos, vivimos en una llamada democracia sin ser ciudadanas”, añadió.

La también activista lesbiana denunció que han sido estigmatizados y acusados de atrocidades como el querer homosexualizar a la infancia, usándolos para atacar la educación sexual integral en los colegios.

Comentó que el estudio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos revela que 71 % de la población percibe que lesbianas, gays, bisexuales y personas trans sufren discriminación. “Engrosamos las listas de suicidios, bullying, deserciones escolares, violaciones sexuales. Pretenden que vivamos en el gueto, en los márgenes”, aseveró.

En un contexto en que la institucionalidad democrática no es capaz de garantizar los derechos de las personas y el Ministerio de la Mujer como ente rector de la igualdad de género está pronto a desaparecer con la fusión, las perspectivas para los derechos de las personas no heterosexuales son de mayor riesgo.

“Las lesbianas no somos invisibles porque estemos escondidas en el closet, sino porque nadie quiere verte ni que te vean. Te hacen sentir culpable y responsable de las consecuencias de salir a vivir plenamente a la luz… y eso son múltiples y terribles hechos de violencia”, recalcó Cedano.