Justicia argentina ordena la detención de Maduro

La Justicia argentina ordenó este lunes al juez federal Sebastián Ramos a solicitar la captura internacional del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en interés de proceder a una investigación en ese país por su presunta responsabilidad en violaciones a los derechos humanos, recoge el medio La Nación.

El fallo corresponde a una demanda introducida por la 'Clooney Foundation for Justice', una organización no gubernamental presidida por el actor estadounidense George Clooney y su esposa Amal, una abogada de derechos humanos que pidió la indagación contra Maduro.

De acuerdo con el medio argentino, la causa contiene señalamientos contra unos 30 funcionarios venezolanos, entre los que figura el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, mientras que como querellantes directos figuran el abogado Tomás Farini y el actual ministro de Seguridad de Buenos Aires, Waldo Wolff.

Acciones desde Caracas

La noticia se conoce la misma jornada en la que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aceptó la solicitud que formulara la Fiscalía para emitir una orden de captura contra el presidente argentino, Javier Milei; la secretaria de la Presidencia argentina, Karina Milei; y la ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich.

El Ministerio Público venezolano les investiga por la presunta comisión de los delitos de "robo agravado", "legitimación de capitales", "privación ilegítima de libertad", "simulación de hecho punible", "interferencia ilícita", "inutilización de aeronave" y "asociación para delinquir", en relación con la retención irregular de un avión propiedad de la estatal Emtrasur que le fue entregado a Estados Unidos para su destrucción.

'Plan motosierra'

Asimismo, en días pasados, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, comunicó el inicio de otra pesquisa contra el Ejecutivo argentino por las presuntas "violaciones a los derechos humanos" que se habrían cometido en el contexto de la implementación del 'plan motosierra', sustentado, en su decir, en recortes lesivos para la calidad de vida de la población "vulnerable", "represión policial" en protestas ciudadanas pacíficas y en la negación de los crímenes perpetrados por el Estado durante la última dictadura militar y que repercutió en el rechazo generalizado de las familias víctimas.