Confirman que Fujimori se acogerá a polémica ley

La decisión del exgobernante Alberto Fujimori, de acogerse a una cuestionada ley de prescripción de delitos de lesa humanidad, parece dar hoy la razón a quienes señalan que la norma está concebida para favorecer al exmandatario.

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“Definitivamente, si esa ley se aprueba, tendremos que solicitar la aplicación, porque la ley es de obligatorio cumplimiento; no queda otra alternativa para la sala o el juzgado que el cumplimiento de la ley”, declaró el abogado de Fujimori, Elio Riera.

La ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de que ese delito fuera declarado imprescriptible por la Corte Penal Internacional, en 2002, aunque Perú es además firmante de una convención internacional según la cual esos crímenes no prescriben nunca.

Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel como autor mediato de dos matanzas de civiles inermes cometidos por un escuadrón ilegal dedicado a ejecutar sospechosos de terrorismo y fue excarcelado antes de tiempo por una polémica decisión judicial.

Riera pidió recientemente la nulidad de un nuevo juicio a Fujimori por una tercera masacre similar, actualmente el curso, y alegó para ello que el delito se había cometido antes de que entrara en vigencia la imprescriptibilidad.

Congresistas de oposición sostienen que la norma es una segunda versión de la amnistía decretada bajo el gobierno de Fujimori (1990-2000) para dejar impune a un grupo paramilitar y sus mandos, que el Poder Judicial declaró inaplicable.

La norma beneficiará a un gran número de militares y policías procesados y sentenciados por crímenes atroces, entre ellos el Grupo Colina, autor de las masacres de las que Fujimori fue autor mediato y casos de responsabilidad civil como la esterilización masiva de mujeres pobres e indígenas.

Las bancadas parlamentarias de derecha extrema promotoras de la ley, pendiente de una segunda votación ratificatoria, alegan que reivindica a los militares y policías que, según afirman, defendieron al país del terrorismo durante el conflicto interno (1980-2000).

El congresista Guillermo Bermejo, opositor de la ley, rechazó ese enfoque en el debate sobre el tema y dijo que “las Fuerzas Armadas y la Policía no deben temer a los juicios por lesa humanidad” y añadió que la ley cuestionada solo beneficiará a los malos elementos uniformados que cometieron crímenes atroces.