Denuncian un "golpe de Estado en curso" en Guatemala

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció este viernes que hay "un golpe de Estado en curso" en la nación centroamericana, donde el Congreso desconoció recientemente a la bancada de su partido, el Movimiento Semilla.

• LEA TAMBIÉN: ONU alerta por arrestos a fiscales en Guatemala

"Estamos viendo un golpe de Estado en curso, en el que el aparato de Justicia es usado para violar la justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 20 de agosto", alertó Arévalo.

En conferencia de prensa junto a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, Arévalo señaló las "acciones espurias, ilegítimas e ilegales en distintas instancias" destinadas a "impedir la toma de posesión de las autoridades electas, incluyendo al presidente, la vicepresidenta y nuestros diputados y diputadas al Congreso de la República".

En este contexto, acusó directamente a la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, al fiscal Rafael Curruchiche, al juez penal, Fredy Orellana, así como a la junta directiva del Congreso y "otros actores corruptos" de promover este presunto golpe.

"Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia", aseguró Arévalo.

Acción del Congreso

La junta directiva del Parlamento, liderada por Shirley Rivera, diputada del partido oficial Vamos, determinó el miércoles que Semilla ya no es un bloque legislativo y sus cinco legisladores, incluyendo a Arévalo, fueron declarados como independientes.

El Congreso justificó esa determinación tras lo sucedido el pasado lunes 28 de agosto, cuando la Dirección General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dictaminó suspender provisionalmente la personalidad jurídica del Movimiento Semilla.

La decisión de esa instancia del TSE respondió, a su vez, al cumplimiento del fallo de Orellana, quien ordenó la suspensión de la organización a pedido de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), en razón de un presunto registro fraudulento de militantes en los años 2017 y 2018.

Ante esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a convalidar los resultados del balotaje.

Con el 100 % de actas procesadas, el TSE oficializó la victoria de Arévalo con el 58 % de los votos contra el 37 % de la ex primera dama, Sandra Torres.