Amnistía Internacional denuncia fallas de la Fiscalía peruana para investigar muertes en protestas

La ONG Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves que la Fiscalía de la Nación de Perú no investiga de forma "inmediata y exhaustiva" las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden, durante las pasadas protestas antigubernamentales.

En un nuevo informe enfocado en la represión estatal vivida en el país andino, AI precisó que el Ministerio Público "aún no ha confiscado las armas que las fuerzas de seguridad utilizaron durante las operaciones y tampoco ha interrogado a ninguno de los posibles agentes implicados, pese a que disponían de sus nombres".

"La falta de recursos, peritos y fiscales asignados a estos casos, unida a una serie de medidas institucionales tomadas por la fiscal general (incluidas varias reorganizaciones de personal), han socavado la investigación y la recopilación de pruebas clave", lamentó.

En el texto, de casi 80 páginas, se brindan detalles que apuntan a ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

La organización analizó 52 casos de personas fallecidas o heridas durante las manifestaciones en las localidades de Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca.

De este grupo, AI puntualizó que 20 "pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales".

Ante esto, instó a la Fiscalía de la Nación a "investigar a todas las personas, hasta el más alto nivel, que hayan ordenado o tolerado el uso ilegítimo de fuerza letal".

Exhortos a Boluarte

Amnistía Internacional pidió a la presidenta Dina Boluarte reprobar y finalizar el uso de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad para responder a las movilizaciones.

De la misma forma, solicitó que se "lleve a cabo una evaluación urgente del racismo estructural que parece permear el actuar de las instituciones del Estado peruano".

En esa línea, deploró que "las más altas autoridades del Perú en lugar de condenar el uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares en el contexto de las protestas, respaldaron expresamente su actuar optando por invisibilizar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, en su mayoría personas históricamente discriminadas social, económica y racialmente".

Ante esto, recomendó a Boluarte "condenar públicamente el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad".