¿Qué ha cambiado en Perú tras más de dos meses de protestas?

Ya pasaron más de dos meses desde que el presidente peruano Pedro Castillo fue destituido por el Congreso en una moción de vacancia que fue exitosa a la tercera y que había sido anunciada desde el mismo día en el que fue posesionado. Desde entonces varios cambios empezaron a notarse en el escenario político de Perú, aunque otras muchas lógicas solo han hecho que profundizarse.

El clima de inestabilidad política e ingobernabilidad que se ha ido agudizando desde 2016, con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski minutos antes de ser vacado por el escándalo de Odebrecht, se mantiene en su punto de máxima tensión sin que se vislumbre de momento alguna solución viable a la crisis. Después vino Martín Vizcarra, que también acabó vacado por un asunto antiguo y el Congreso tuvo que elegir primero a Manuel Merino, que duró seis días, y después a Francisco Sagasti, que condujo al país hasta las elecciones, todo esto en medio de una pandemia que se cebó especialmente con el Perú.

La reciente salida del docente rural implicó la llegada a la presidencia de Dina Boluarte, quien desde el principio no contó con el apoyo popular por haber prometido que saldría con Castillo si era vacado, pero no lo hizo al obtener el respaldo del Legislativo, que tanto había ejercido presión para impulsar la vacancia de Castillo.

En las calles de varias ciudades del sur y oriente del país las movilizaciones de los sectores campesinos e indígenas se han mantenido constantes y, según los expertos, se está conformando un movimiento social sin precedentes en el Perú, donde la política siempre había sido definida desde Lima.

Para tratar de entender hacia dónde se enfila esta nueva crisis en el país suramericano, vale la pena revisar algunos puntos presentes en este conflicto.

Pedro Castillo

Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Barbadillo, en Lima, donde fue remitido tras ser destituido, en principio acusado de intentar un golpe de Estado al ordenar disolver el Congreso antes de su vacancia, orden que nadie acató. En los últimos días, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la cuestión previa hecha por su defensa para intentar anular la investigación por el presunto delito de rebelión, del que se le señala.

Sus abogados sostienen que no se le hizo un antejuicio político ni se le concedió el derecho a la defensa en el Congreso. En cualquier caso, también tiene abiertas media docena de investigaciones por corrupción.

Dina Boluarte

Las promesas iniciales de la abogada de agrupar a todas la "sangres" en su gabinete y de establecer una "tregua política" se han desinflado en el camino.

De la misma manera, su compromiso de ser "la voz de los menos" se ha ido abajo porque precisamente los sectores invisibilizados de la población son los que piden con más vehemencia su salida.

Boluarte rápidamente se separó de quien fuera su compañero de fórmula, y lo acusó de corrupción, de incitar al odio en su contra y de cometer un golpe de Estado. Por su parte, el maestro rural la tildó de "usurpadora".

El panorama de la presidenta, sobre quien pesa una investigación por "genocidio" por los más de 60 muertos producto de la represión ordenada por ella, no está aún claro.

Movilizaciones

El hilo conductor de esta reciente crisis han sido las movilizaciones, que han aumentado de intensidad y que han tenido un fin político desde el principio. Ya en diciembre, había cuatro puntos definidos por los manifestantes: la liberación y retorno del presidente; la salida de Boluarte; la disolución del Parlamento y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Si bien las protestas se iniciaron en las ciudades del sur y el oriente, que conforman las zonas más empobrecidas y excluidas del país, en las últimas semanas los manifestantes se han trasladado a Lima por sus propios medios, sin que haya un liderazgo partidista visible, lo que en cierto modo, dificulta el avance político.

En pasados días, el Gobierno decretó estado de emergencia y toque de queda en siete entidades donde el "control del orden interno" estará a cargo de la Policía y las Fuerzas Armadas. La decisión fue cuestionada por la Defensoría del Pueblo, que pidió una reunión con el ministro de Defensa para expresar su preocupación.

Grupos de campesinos de los pueblos chankas, aimaras, quechuas y waris llegaron a la capital peruana para participar en las movilizaciones, en medio de excesos de los cuerpos de seguridad y muestras de racismo, discriminación y criminalización por parte de los sectores conservadores y los medios de comunicación.

Policía

Estos dos meses de protestas han tenido como cortina de fondo las denuncias y los señalamientos sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Los medios reportan la muerte (hasta el cierre de esta nota) de por lo menos 69 personas en el contexto de las protestas. Por su parte, la Defensoría maneja la cifra de 59 muertos y un total de 1.622 heridos (1.229 entre enero y lo que va de febrero de este año y 836 entre el 7 de diciembre y el 31 de ese mes de 2022).

Uno de los hechos más relevantes de este tipo ocurrió en Puno, donde por lo menos 17 personas fallecidas durante las movilizaciones presentaron impactos por armas de fuego. Mientras que la Fiscalía abrió una investigación preliminar por "genocidio" contra Boluarte, desde el Gobierno se ha tratado de vincular a Bolivia con estas muertes.

Adelantar elecciones

Las protestas no han conseguido su principal demanda: que se convoque a elecciones generales anticipadas, y el cansancio parece hacer mella.

El Congreso, al que le corresponde debatir y aprobar una fecha adelantada para los comicios, se encuentra entrampado en su propia dinámica interna, en la que cada sector puja por defender sus intereses y su curul, sin que se logre un acuerdo. Al no haber posibilidad de reelección tampoco entre los congresistas, la mayoría no prevé un adelanto electoral más allá de 2024, fecha que concedió Boluarte en diciembre.