La Fiscalía abre investigación contra Boluarte por las muertes en las protestas en Perú

La Fiscalía de Perú ha abierto una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte y varios ministros de su Gabinete por la muerte de 28 civiles durante las protestas que sacudieron el país tras la destitución de Pedro Castillo como jefe del Estado.

En concreto, la investigación comprende a Pedro Angulo Arana, en calidad de expresidente del Consejo de Ministros; Alberto Otárola, exministro de Defensa y actual presidente del Consejo de Ministro, y César Augusto Cervantes, extitular de Interior, entre otros.

El origen de estas diligencias se halla en la denuncia presentada por un grupo de abogados, encabezado por Abimael Méndez Conde, ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo de Ayacucho, la región donde se han registrado más víctimas civiles por las protestas.

La denuncia por genocidio y homicidio calificado también va dirigida contra altos mandos policiales, entre ellos el jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, Antero Mejía Escajadillo, y el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, Jesús Vera Ipenza, además de contra el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya.

Al conocer la apertura del procesamiento en su contra, la mandataria "saludó" la decisión de la Fiscalía y aseguró que "dará todas las facilidades para el pronto esclarecimiento de los hechos", ocurridos el pasado mes de diciembre.

Las protestas en Perú estallaron después de que el pasado 7 de diciembre el Congreso destituyera a Castillo como mandatario del país, después de su fallido intento de disolver el Parlamento.

En esas manifestaciones, que se reanudaron el miércoles luego de la tregua por las festividades de Navidad y Año Nuevo, se exige la liberación del depuesto mandatario, así como el adelanto de las elecciones para 2023, el cierre del Congreso y la renuncia de Boluarte.

Castillo se encuentra actualmente en prisión preventiva y permanece recluido en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, donde también está el expresidente Alberto Fujimori.