CIDH presentó su tercer informe sobre Ayotzinapa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Tercer Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento sobre el caso Ayotzinapa, en el que incluyó 36 recomendaciones para continuar con una compleja investigación que en los últimos meses ha estado envuelta en múltiples controversias.

El documento fue presentado en la Escuela Normal Isidro Burgos, en Guerrero, desde donde el 26 de septiembre de 2014 salieron los contingentes de estudiantes que iban a la Ciudad de México y que, en el camino, fueron interceptados por militares, policías municipales, estatales y federales, y narcotraficantes.

La titular del Mecanismo, Esmeralda Arosemena, fue la encargada de dar a conocer el Informe junto con la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, y en presencia de familiares de los 43 jóvenes desaparecidos.

A lo largo de 121 páginas, el texto explica la participación que el organismo ha tenido en el caso, el cambio que representó la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia para avanzar en la investigación, los mecanismos que se han implementado para lograr el acceso a la justicia y el esclarecimiento de los hechos, la estrategia de búsqueda de los 43 estudiantes y la atención a las víctimas.

Preocupación

Pero también hay preocupación por la independencia para continuar la investigación, por las filtraciones a la prensa que ponen en riesgo los juicios, por las órdenes de aprehensión contra militares involucrados que se suspendieron sin que hubiera razones claras, por la resistencia de las Fuerzas Armadas a otorgar toda la información posible, a pesar de que se los ha pedido el propio presidente.

Por eso, una de las recomendaciones es la de profundizar la investigación sobre la participación de agentes de las fuerzas militares y policiales, la relación entre fuerzas de seguridad con grupos criminales imperantes en Guerrero, y la instrucción jerárquica que dio lugar y permitió la desaparición de los estudiantes.

Peleas y filtraciones

La CIDH también apunta a esclarecer la llamada "verdad histórica" con la que el Gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió cerrar la investigación, a fin de establecer las responsabilidades jerárquicas de los funcionarios involucrados en la creación de una falsa narrativa que solo pretendía encubrir a los responsables.

Además, convoca a fortalecer la independencia de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA). Esto, luego de que en septiembre pasado el titular Omar Gómez Trejo renunciara debido a su enfrentamiento con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Para el organismo, es necesario que el Estado adopte una política de comunicación en torno a Ayotzinapa que se coordine entre las dependencias involucradas para otorgar a la sociedad la información pertinente, pero sin poner en riesgo la investigación.

En ese sentido, subraya la necesidad de continuar con las investigaciones en torno a filtraciones periodísticas de piezas reservadas. Se refiere a los chats entre presuntos responsables de la desaparición que fueron incorporados en el informe.