Gobierno británico espió a la abogada de Assange

El gobierno británico admitió que espió a la abogada australiana Jennifer Robinson, miembro del equipo jurídico del fundador de WikiLeaks Julian Assange, y compartió la información con Estados Unidos, reveló este jueves la propia letrada.

Robinson dijo este jueves que llegó a un acuerdo amistoso con las autoridades del Reino Unido después que estas reconocieron ante la Corte Europea de Derechos Humanos que fue vigilada durante el tiempo que Assange estuvo asilado en la embajada de Ecuador en Londres.

El gobierno británico admitió ahora que violaron mis derechos al vigilarme y compartir información con Estados Unidos, y eso incluye la protección de material periodístico confidencial, apuntó la abogada, quien presentó la demanda ante el tribunal europeo en 2016, junto a otros dos demandantes.

Robinson agregó que su caso forma parte de un patrón de espionaje ilegal sobre el fundador de WikiLeaks y su equipo jurídico, algo que también salió a relucir durante el juicio de extradición del periodista australiano a Estados Unidos.

Según trascendió entonces, la agencia de seguridad española contratada por la embajada ecuatoriana en Londres espió de forma rutinaria a Assange durante los siete años que estuvo asilado en la legación diplomática, y compartió la información con los servicios de inteligencia norteamericanos.

El fundador de WikiLeaks, a quien Estados Unidos pretende juzgar por sacar a la luz crímenes de guerra cometidos por los militares estadounidenses en Iraq y Afganistán y miles de archivos secretos, está encerrado en una cárcel de máxima seguridad británica desde que Ecuador le retiró el asilo político en abril de 2019.

En enero pasado, una jueza de primera instancia se opuso a la extradición de Assange por temor a que atente contra su vida de ser encarcelado en Estados Unidos, pero cuatro meses después, el Tribunal Superior aceptó la apelación de la fiscalía norteamericana y el caso está ahora en manos de la ministra del Interior, Priti Patel.

De ser juzgado y declarado culpable por un tribunal norteamericano, el periodista australiano podría ser condenado a 175 años de cárcel.