En Perú, fiscales solicitan interrogar al Presidente

Un Fiscal Anticorrupción aguarda respuesta a su invitación al presidente peruano, Martín Vizcarra, para interrogarlo, mientras otro espera autorización para investigar otro caso en el que el mandatario estaría involucrado.

Los temas se suman a la investigación por la contratación irregular de un cantante como asesor del Ministerio de Cultura, postergada hasta que Vizcarra termine su mandato.

Por una parte, el fiscal Reynaldo Abia, quien quiere tomar declaraciones al mandatario y a la neoliberal ministra de Economía, María Antonieta Alva, sobre la adquisición masiva e irregular de pruebas rápidas de diagnóstico de Covid-19.

Además, el fiscal Germán Juárez pidió a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, permiso para investigar a Vizcarra por el contrato de construcción de un hospital en Moquegua con una empresa que es investigada por diversos casos de corrupción.

Abia dijo que presentó la notificación, que no afecta la inmunidad presidencial, pues tanto Vizcarra como Alva son convocados como testigos sobre la compra cuestionada, debido a que, según la versión de la operación, el mandatario y la ministra se reunieron con representantes de la empresa proveedora.

La decisión modificó la estrategia contra la Covid-19 que preveía priorizar el uso de pruebas moleculares, de mayor precisión que las serológicas o rápidas, cuyo uso habría afectado la acción epidemiológica y dado lugar al alto número de contagios y muertes.

El mismo fiscal citó antes al jefe de Estado para interrogarlo sobre el papel de la exsecretaria general de la Presidencia, Mirian Morales, en la contratación del cantante Richard Cisneros.

Por su parte, el fiscal Juárez, del equipo Anticorrupción que investiga casos de corrupción de empresas brasileñas en Perú, solicitó al coordinador del mismo, Rafael Vela, que pasen a su despacho las indagaciones sobre la acusación a Vizcarra de que cobró un soborno de un millón de soles (más de 280 mil dólares).

El supuesto soborno fue pagado, según un testigo, por un consorcio constructor, a cambio de un contrato para la construcción de un proyecto de riego, aunque Vizcarra lo niega rotundamente y dice que la acusación es una represalia y una conjura de intereses afectados por sus decisiones económicas y políticas.