Cuestionan a juez que votó por liberar a Keiko en Perú

El fiscal peruano José Pérez impactó este sábado en la primera audiencia sobre su pedido de prisión preventiva para la dirigente neoliberal Keiko Fujimori, al poner en duda la imparcialidad de uno de los jueces que dieron libertad a la indagada.
Pérez señaló que el magistrado José Sardón, uno de los miembros del Tribunal Constitucional que votó en noviembre último por cesar la prisión preventiva que desde octubre de 2018 cumplía Fujimori, es cuñado de un involucrado en el caso de lavado de activos.
Precisó que Javier Viso, hermano de la esposa de Sardón, es uno de los falsos aportantes que Fujimori y su partido usaron para enmascarar fondos electorales millonarios recibidos de la empresa brasileña Odebrecht.
Sardón es uno de los cuatro magistrados, sobre un total de siete, que votaron por la libertad de Fujimori al desestimar los fundamentos de la prisión preventiva de 36 meses que le impuso un juez a pedido de Pérez.
El juez fue cuestionado respondió en la red Twitter: ‘Yo no puedo saber todo lo que hacen mis cuñados’, lo que motivó en el mismo espacio duras críticas, reclamos de que renuncie al TC y burlas sobre el recurrente argumento usado, como considerar su explicación como broma por el Día de los Inocentes.

Primera audiencia
En la primera de varias audiencias dedicadas al tema, Pérez señaló que Fujimori negó reiteradamente que recibiera aportes para sus campañas de 2006, 2011 y 2016 en forma oculta y sin declararla a las autoridades electorales.
Solo lo aceptó ante las evidencias obtenidas por el Ministerio Público.
Para la Fiscalía, tal actitud buscó impedir el esclarecimiento del caso iniciado hace dos años y configura obstrucción a la justicia y riesgo de que esta continúe, uno de los requisitos de la nueva prisión preventiva por 36 meses que pide para ella.
El otro requisito, el peligro de fuga, también persiste, según el fiscal Pérez, en la medida de que hay cientos de elementos de convicción presentados y que constituyen hallazgos, declaraciones de testigos y delaciones de involucrados.
El Ministerio Público cuestiona la validez del fallo que liberó a Fujimori al anular la prisión preventiva que había sido ratificada en todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema, por lo que no era procedente la apelación al TC, señala inconsistencias en el polémico fallo.