Gobierno de EEUU amplía acciones contra inmigrantes

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer una controvertida regla para aumentar su capacidad de rechazar las tarjetas verdes (residencia permanente) de inmigrantes dependientes de ayuda gubernamental.

Criticada por defensores de dichas personas, que se benefician de cupones para adquirir alimentos y programas sanitarios y de vivienda de bajo costo, la iniciativa define el concepto de 'carga pública' en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Esa norma concede al Departamento de Seguridad Nacional la autoridad para negar a los solicitantes las tarjetas verdes, las visas o la entrada a Estados Unidos si existe la posibilidad de que se conviertan en problemas económicos.

Reportes de prensa recordaron que la mencionada clasificación se ha referido históricamente a alguien que depende principalmente del Gobierno para subsistir.

El Gobierno de Trump, empeñado en reducir la inmigración ilegal y legal, ha retratado la regla como una forma de promover la suficiencia y la independencia entre los inmigrantes, apuntó la publicación The Hill.

Ciertamente esperamos que las personas de cualquier ingreso puedan sostenerse por sí mismas, afirmó en una conferencia de prensa en la Casa Blanca el director interino de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Ken Cuccinelli.

Alguien pobre puede prepararse para ser autosuficiente, así que no veamos eso como si todo fuera el final, agregó el funcionario.

Sin embargo, la recepción de uno o más de los beneficios públicos durante 12 meses dentro de un período de tres años por cualquier no ciudadano se considerará un factor negativo para determinar si se convierten en una carga pública.

Además, la regla, que se lanzará oficialmente pasado mañana y debe entrar en vigor 60 días después, contiene una lista de otros elementos, como la edad, los cuales se evaluarán juntos para emitir una decisión.

Cuccinelli enfatizó que la determinación es una 'prueba de la totalidad de las circunstancias', y la regla no sustituye la acción del Congreso ni socava la necesidad de reformas migratorias más amplias.

Para defensores de los inmigrantes, este paso discriminará a las personas provenientes de los países más pobres, mantendrá a las familias separadas y alentará a los residentes legales a renunciar a la ayuda pública que probablemente necesitan para subsistir.

También, estimaron, penalizará a quienes poseen visado de trabajo y demandan alguna asistencia pública de manera temporal.

Los inmigrantes de la tercera edad que obtienen medicamentos recetados a bajo costo a través de programas subsidiados también podrían verse obligados a dejar esos apoyos o arriesgarse a ser considerados carga pública, y así no se les permitiría mantener el estatus de residentes legales, advirtieron.