Puerto Rico, jueces verán legitimidad de gobernador

Los tribunales puertorriqueños decidirán la legitimidad del gobernador de facto Pedro R. Pierluisi, impugnado hoy por la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, y por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Cruz Soto, precandidata a la gobernación por el opositor Partido Popular Democrático (PPD), y Rivera Schatz, presidente en funciones del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), presentaron sendos recursos judiciales en el Tribunal Supremo de Puerto Rico y en el Tribunal de Primera Instancia en los que se cuestiona la legitimidad del gobernante.

Pierluisi asumió la gobernación el pasado viernes, luego de que a las 17:00 horas el derrocado mandatario Ricardo Rosselló Nevares abandonara el cargo, luego de varios días de sublevación en las calles de Puerto Rico, particularmente en San Juan con dos marchas de sobre 500 mil personas, contra la corrupción y el desprecio hacia la generalidad de los ciudadanos en un chat de Telegram con su círculo de asesores.

Cruz Soto explicó a Prensa Latina que Pierluisi es una extensión del 'chanchulleo' del gobierno de Rosselló Nevares, por lo que ha dado un golpe de Estado para usurpar la gobernación de Puerto Rico al irse por encima del proceso de sucesión constitucional.

Pierluisi, nombrado a última hora secretario de Estado por el destituido gobernante, no llegó a ser avalado por ambas cámaras legislativas del país como requiere la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por lo que se le ha considerado un gobernante ilegítimo.

El Senado había dejado para esta semana la audiencia en la que atendería la designación del impugnado gobernador de facto, quien actuó en amparo de una interpretación de la Ley 7 de 2005, que de aceptarse estaría por encima del dictado constitucional.

Rivera Schatz persigue con su demanda ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan que se declare nulo el acto de juramento de Pierluisi como gobernador, el cual se realizó en secreto en una residencia privada ante la jueza del Tribunal Apelativo Luisa M. Colom García, por no haber cumplido el trámite de consejo y consentimiento al estar pendiente en el Senado de Puerto Rico.