Suspenden el análisis de posible libertad de Lula
El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Antonio Dias Toffoli, retiró ayer de la agenda del martes el juicio de acciones que abordaría la prisión y posible liberación del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. De acuerdo con la asesoría de la corte, Dias Toffoli...
TALIBANES-web
El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Antonio Dias Toffoli, retiró ayer de la agenda del martes el juicio de acciones que abordaría la prisión y posible liberación del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
De acuerdo con la asesoría de la corte, Dias Toffoli atendió la petición de aplazamiento presentada el lunes por el Consejo de la Orden de los Abogados de Brasil (COAB).
La COAB, autora de una de las acciones sobre el tema, afirmó que la nueva directiva necesita estudiar y 'enterarse del proceso'.
Tal entidad está en contra de la prisión tras la condena en segunda instancia. Todavía no hay información sobre una nueva fecha de juicio.
En julio de 2017, el ex juez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia, condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión por supuestamente recibir un apartamento de tres pisos (triplex) de lujo en Guarujá, estado de Sao Paulo, a cambio de la promoción de intereses de la empresa OAS junto a Petrobras.
Según la imputación, como responsable de designar a los directivos superiores de Petrobras, el ex dirigente obrero tenía un notable papel en el esquema delictivo de la llamada operación Lava Jato.
Esa red de corrupción propiciaba que grandes empresas nacionales convinieran para compartir los multimillonarios contratos de Petrobras, al sobornar a políticos y empleados de la compañía estatal.
Con el aparente pago, indicaron los investigadores en la ocasión, el ex sindicalista amuebló el apartamento triplex en el área litoral de Guarujá.
Por esos supuestos hechos, Lula comenzó a cumplir el 7 de abril en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, la pena de 12 años y un mes impuesta por el TRF4.
Lula fue objeto de una segunda condena en febrero en la operación anticorrupción Lava Jato, esta vez a 12 años y 11 meses.
Para los abogadores defensores, 'Lula es víctima de una verdadera cacería judicial por parte de un agente togado (Moro) que utilizó indebidamente expedientes jurídicos para perseguir políticamente a un ciudadano, buscando anular, una por una, sus libertades y derechos'.
De acuerdo con la asesoría de la corte, Dias Toffoli atendió la petición de aplazamiento presentada el lunes por el Consejo de la Orden de los Abogados de Brasil (COAB).
La COAB, autora de una de las acciones sobre el tema, afirmó que la nueva directiva necesita estudiar y 'enterarse del proceso'.
Tal entidad está en contra de la prisión tras la condena en segunda instancia. Todavía no hay información sobre una nueva fecha de juicio.
En julio de 2017, el ex juez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia, condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión por supuestamente recibir un apartamento de tres pisos (triplex) de lujo en Guarujá, estado de Sao Paulo, a cambio de la promoción de intereses de la empresa OAS junto a Petrobras.
Según la imputación, como responsable de designar a los directivos superiores de Petrobras, el ex dirigente obrero tenía un notable papel en el esquema delictivo de la llamada operación Lava Jato.
Esa red de corrupción propiciaba que grandes empresas nacionales convinieran para compartir los multimillonarios contratos de Petrobras, al sobornar a políticos y empleados de la compañía estatal.
Con el aparente pago, indicaron los investigadores en la ocasión, el ex sindicalista amuebló el apartamento triplex en el área litoral de Guarujá.
Por esos supuestos hechos, Lula comenzó a cumplir el 7 de abril en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, la pena de 12 años y un mes impuesta por el TRF4.
Lula fue objeto de una segunda condena en febrero en la operación anticorrupción Lava Jato, esta vez a 12 años y 11 meses.
Para los abogadores defensores, 'Lula es víctima de una verdadera cacería judicial por parte de un agente togado (Moro) que utilizó indebidamente expedientes jurídicos para perseguir políticamente a un ciudadano, buscando anular, una por una, sus libertades y derechos'.
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