Brasil ante el retorno de los militares

MARIO OSAVA PARA IPS Y REDACCIÓN CENTRAL
Un clima de pánico cunde entre la izquierda y sectores sociales en Brasil ante el triunfo casi seguro de Jair Bolsonaro, excapitán del Ejército y político de extrema derecha, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 28 de octubre. La misma sensación cunde en los países vecinos y particularmente en Bolivia, con una relación política y económica particular.

“Un gobierno basado en sus ideas y propuestas derivará en autoritarismo y violencia”, teme el historiador Daniel Aarão Reis, profesor de la Universidad Federal Fluminense. El riesgo más evidente proviene de sus adeptos incontrolables, cuyas agresiones ya se multiplicaron por el país al acercarse su triunfo, destacó.

“Es la vuelta al poder de los militares, ahora por vía electoral. En 1964 recurrieron a los tanques para tomar el poder a través de un golpe de Estado. En aquel entonces también tenían apoyo popular, pero la sociedad estaba dividida, las armas fueron decisivas”, comparó.

Además de un excapitán en la presidencia, el probable gobierno que asumirá el poder de la mayor democracia de América Latina el 1 de enero, contará con varios militares más, comenzando por el candidato a vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão.
Esto agravó los temores de los sectores contrarios a Bolsonaro, al mencionar la posibilidad de un “autogolpe”, mediante una intervención militar, si ocurre una supuesta situación anárquica en el país.

Otros generales retirados del Ejército estarían en el primer rango en su anunciado gobierno: Augusto Heleno, excomandante de las fuerzas de paz de Naciones Unidas en Haití, como ministro de Defensa; Oswaldo Ferreira, exdirector de ingeniería y construcción del Ejército, como ministro de Transportes; y Carlos dos Santos Cruz como ministro de Seguridad Pública.

Un triunfo de Bolsonaro representaría la absolución, mediante el voto, de la dictadura militar que gobernó Brasil de 1964 a 1985, de la que las Fuerzas Armadas nunca hicieron autocrítica.

El candidato presidencial, de hecho, siempre alabó el papel de las Fuerzas Armadas en ese período y en varias ocasiones homenajeó como su “héroe” al coronel Carlos Brilhante Ustra, excomandante de un destacamento de represión política y tortura durante la dictadura. “El error fue torturar y no matar”, declaró.

Militar y político polémico
Bolsonaro, nacido en 1955 y graduado en la escuela militar en 1977, cumplió una carrera marcada por indisciplinas en el Ejército. En 1986 fue detenido 15 días por protestar contra los bajos salarios de los militares en un artículo publicado en la prensa.

El año siguiente fue acusado de planificar la explosión de bombas en varios cuarteles, pero resultó absuelto por el Superior Tribunal Militar por insuficiencia de pruebas. En 1988 logró ser elegido como concejal de Río de Janeiro y dejó el Ejército.

En 1990 fue elegido diputado en el Congreso Nacional, un cargo que ha ocupado hasta ahora, en siete periodos cuatrienales, como miembro de ocho partidos diferentes.
Desde enero integra el Partido Social Liberal (PSL), minúsculo hasta la primera vuelta electoral del día 7, cuando gracias a su arrastre obtuvo una bancada de 52 diputados, la segunda mayor bancada, y cuatro senadores.

Sufría restricciones en los medios castrenses por su polémica biografía, pero la posibilidad de ascender a la presidencia de Brasil le rindió un amplio apoyo militar. Se trata de la redención de las Fuerzas Armadas, sometidas al silencio político en el proceso de redemocratización de las tres últimas décadas.

La participación directa en esas elecciones y en el probable futuro gobierno se hará principalmente por generales retirados, pero resulta evidente que se involucra la institución, lo que puede tener su costo en el futuro, si fracasa la prevista gestión.
El ascenso de Bolsonaro aprovecha el hecho de que las Fuerzas Armadas, pese al pecado dictatorial, siempre disfrutaron de la confianza de los brasileños. Las encuestas siempre las situaron como una de las instituciones más confiables.

Pero su participación en el poder político, casi nula, registró un vuelco el día 7 en las urnas por el “efecto Bolsonaro. Un total de 79 militares quedaron electos como diputados y senadores nacionales, o legisladores de las asambleas de los 27 estados brasileños, lo que les brinda una participación sin precedentes.

Además, en una insólita novedad, el nuevo presidente del Supremo Tribunal Federal, José Dias Toffoli, asumió ese cargo el 13 de septiembre con un general retirado como asesor, Fernando Azevedo e Silva, recién salido del Estado Mayor del Ejército.

Se trata de contar con “las habilidades y competencia” del general, justificó Toffoli, sin aclarar su papel en una institución donde se exige conocimientos jurídicos poco presentes en una carrera militar.

Luego el jefe del Poder Judicial sorprendió nuevamente a la opinión pública, al afirmar que ya no denomina “golpe de Estado” a la intervención militar de 1964, sino “movimiento de 1964”.

Militares en búsqueda de recuperar poder moderador
Desde la instauración de la República en 1889 en Brasil, los militares ejercieron el “poder moderador”, interviniendo frecuentemente en la vida política interna. Pero con el fin de la dictadura militar en 1985, ese poder pasó al STF, según Oscar Vilhena, director de la Facultad de Derecho de la Fundación Getulio Vargas en São Paulo.
“Es lamentable, pero pienso que esa función moderadora se está desplazando nuevamente hacia los militares”, señaló a IPS.

Al contrario de Donald Trump en Estados Unidos, que cuenta con el Partido Republicano y con su carrera empresarial, Bolsonaro nunca tuvo experiencia administrativa y fue un diputado que solo se destacó por sus diatribas.

Los analistas le apuntan similitudes con el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por la incontinencia verbal y la violencia que practica. Sus ideas, como la de sus generales, reflejan los prejuicios, morales y sociales, típicos de la formación militar de los primeros años 1970, apogeo de la dictadura en Brasil.

La violencia bolsonarista ya llegó
Los riesgos de un gobierno presidido por el excapitán y político ultraderechista, con varios subordinados jerárquicamente superiores en la vida militar, empiezan por el agravamiento de la violencia que ya estalló en la campaña electoral.

Romualdo Rosario da Costa, un músico y maestro de “capoeira” (mixto de danza y arte marcial afrobrasileña), de 63 años, más conocido como Moa do Katendê, fue asesinado por un bolsonarista de 12 cuchilladas el 8 de octubre en Salvador, capital del nororiental estado de Bahia.

Una mujer golpeada por tres hombres que la grabaron una esvástica nazi en el vientre con un cuchillo, en el sur de Brasil, y otra lanzada al suelo y agredida a puntapiés por un policía en la ciudad de São Paulo son algunos casos conocidos de violencia en este mes electoral.
De 70 agresiones registradas por la agencia Pública de periodismo investigativo, entre el 30 de septiembre y 9 de octubre, 50 fueron cometidas por personas que se identificaron como adeptos del excapitán.

“Es preocupante el futuro próximo”, destacó Aarão Reis, quien no descartó un “autogolpe”, para instaurar un régimen autoritario, si el previsible nuevo gobierno enfrenta fuerte resistencia a sus medidas.

Bolsonaro y los suyos justificarían una medida de ese tipo, apoyada por sectores militares, como medio de “ejecutar políticas que reflejan la voluntad del pueblo expresada en las elecciones”, arguyó.

Pero no solo la democracia estaría amenazada, sino también el ambiente, los indígenas, pobladores tradicionales, movimientos sociales y feministas o minorías por su orientación sexual.

En general Oswaldo Ferreira, posible ministro de los Transportes, ya declaró que buscaría eliminar obstáculos a la construcción de centrales hidroeléctricas en ríos amazónicos y carreteras.

Él y Bolsonaro ya mencionaron la disposición de reducir poderes y recursos de órganos ambientales y de protección a los indígenas.
Pese a todo, el triunfo electoral del excapitán parece irreversible.

Las encuestas le apuntan una consolidación de su favoritismo, con 58 o 59 por ciento de la intención de voto en la segunda vuelta. Un cuadro inimaginable pocos días antes de la primera vuelta del día 7, cuando alcanzó la sorprendente mayoría de 46,03 por ciento de los votos válidos en una disputa con otros 12 candidatos.

Su adversario, Fernando Haddad, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que gobernó el país entre 2003 y 2016, no logró articular el frente por la democracia que aparecía como la única alternativa para frenar el avance del candidato militar que alarma a los que lo identifican como amenaza a la democracia.

La relación Bolivia – Brasil, más allá de la política

Las relaciones políticas y comerciales entre Bolivia y Brasil han sido de largo aliento por años, si bien el gigante del continente siempre ha vivido relativamente de espaldas hacia sus vecinos hispanohablantes.

A finales del siglo XX se establecieron los términos del contrato de compra venta de gas hasta ahora más importante para el país, pues permitió contar con un volumen de ingresos por la venta de gas que corrigió en algo la situación económica del país en primera instancia. El contrato que técnicamente finaliza en 2019 pero que el Ministro Luis Alberto Sánchez ha asegurado que se mantendrá vigente hasta al menos 2024 porque no se han cumplido con el total de reservas acordadas para exportar – aunque no ha aclarado si ya han sido pagadas, pues el contrato también tiene cláusulas de “toma o paga” – permite exportar un máximo de 30,5 millones de metros cúbicos y un mínimo de 24 millones de metros cúbicos, lo que ha garantizado ingresos para el Estado.

Es conocido que el expresidente de Brasil Lula da Silva (2003-2010) fue uno de los grandes valedores del presidente Evo Morales en su estrategia, campaña y posteriormente en su acción de Gobierno. Desde la llegada al poder de Morales en 2005 se disparan las relaciones en el marco de la negociación con el gas, pero también con los opacos IIRSAS y la entrega de obras en Bolivia a empresas brasileras, cosa que ya se venía haciendo. Aunque se ha pretendido, no se ha vinculado a Evo Morales en el sumario del caso Lava Jato que le ha costado la carrera política a Lula.

En 2007 también se modificaron algunas de las condiciones del contrato de exportación de gas, que permitieron liberar una sexta parte del gas rico en licuables (como se había firmado), para ser aprovechado en Bolivia, aunque tanto la separadora como la planta de urea tardaron más de lo previsto. Después hubo algunos pasajes de tensión diplomática, como los refugios otorgados a determinados políticos exiliados como Roger Pinto.

Tras la caída en 2016 de Dilma Rousseff en un juicio parlamentario de dudosa credibilidad y muy cuestionado por las denuncias de corrupción que sacudieron a los protagonistas del juicio (y no a Rousseff), el gabinete de Evo Morales pretendió una pose crítica, pero en pocos meses se volvieron a sentar en la mesa de diálogo para continuar con los negocios, aunque Michel Temer no cambió de opinión y no se prevé la renovación del contrato de gas.

Los analistas más próximos al gobierno estiman que la situación podría repetirse con un hipotético triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, donde esperan se mantenga la política pragmática; sin embargo otros advierten de consecuencias de bloqueo y analizan lo que sucede en Argentina, donde el Gobierno de Macri, en las antípodas ideológicas de Morales, también utiliza la economía para desestabilizar al régimen boliviano.

El Apunte

¿Hay un “Bolsonaro” para Bolivia?”

La campaña electoral en Bolivia se adelantó con la inclusión de las elecciones Primarias en el calendario, lo que pilló de improviso a todos los partidos y también a aquellos que se perfilaban con tiempo para octubre. De momento no hay una propuesta alternativa que haya aparecido con fuerza en el escenario ni un líder genuino.

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