Fiscal estrecha cerco sobre Keiko Fujimori en Perú
El cerco de la fiscalía en torno a la dirigente neoliberal peruana, Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, se estrecha hoy (ayer), tras la captura de tres elementos de su entorno, mientras la policía busca a su secretaria fugitiva. Las acciones impulsadas por el fiscal José...
El cerco de la fiscalía en torno a la dirigente neoliberal peruana, Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, se estrecha hoy (ayer), tras la captura de tres elementos de su entorno, mientras la policía busca a su secretaria fugitiva.
Las acciones impulsadas por el fiscal José Pérez enfrentan al mismo tiempo presiones políticas e intentos de desprestigiarlo o amedrentarlo, según denuncia el diario La República.
Los fundamentos de la orden de detención dictada contra los asesores de Fujimori, Pier Figari, Ana Vega y Miguel Silva Checa, apresados el lunes, los señalan como partícipes en la operación de enmascaramiento de fondos ocultos recibidos para la campaña electoral de la política neoliberal, en 2015.
Para el fiscal Pérez y el juez a cargo del caso, Richard Concepción, mayor influencia sobre la dirigente tenía Silva Checa, quien estuvo en prisión por recibir un soborno de tres millones de dólares para poner al servicio del Gobierno un canal de televisión de su propiedad de Alberto Fujimori (1990-2000), padre de Keiko.
El aporte más conocido a la campaña fujimorista de 2011 es el de la empresa brasileña Odebrecht, que confirmó la entrega de un millón de dólares.
Para la rendición de cuentas de campaña ante las autoridades, ese y otros ingresos oscuros fueron presentados bajo el disfraz de muchos contribuyentes simulados o hasta inexistentes que eran reclutados a pedido de los mencionados, según la fiscalía.
Tales detalles fueron conocidos por el fiscal con la confesión de uno de los involucrados que aceptó colaborar para aminorar la sanción penal, lo que determina que ‘la situación de Keiko Fujimori se complica’, según el diario La República.
En la lista de legisladores que buscaban quienes aceptaran acreditar aportes que no habían hecho, figuran congresistas cercanos a la líder del partido Fuerza Popular (FP), como Cecilia Chacón y Héctor Becerril.
La mayoría del FP en el Congreso de la República bloqueó el lunes una denuncia constitucional contra Becerril por presionar para la elección de un elemento afín a su partido como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que nombra y cesa a jueces y fiscales.
Además, Becerril mantenía contacto con el señalado cabecilla de una red judicial de corrupción, César Hinostroza, con quien coordinaba eventuales favores judiciales para Keiko.
También estaba vinculado a la red el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a quien FP libró el lunes de una acusación constitucional por ese y otros hechos, en medio de protestas de bancadas de centro e izquierda que denunciaron que el ‘fujimorismo’ protege a Chávarry para que la libre de las pesquisas.
El fiscal Pérez ha manifestado públicamente su discrepancia con la continuidad de Chávarry en el cargo y desde ayer soporta una campaña de ataques por haber hablado en una visita a México sobre la guerra interna vivida aquí entre 1980 y 2000, sin llamar terroristas, como se les considera oficialmente, a los grupos alzados en armas.
La fiscalía de la Nación le pidió un informe al respecto y la comisión de Defensa del Legislativo lo llamó a declarar al respecto.
Las acciones impulsadas por el fiscal José Pérez enfrentan al mismo tiempo presiones políticas e intentos de desprestigiarlo o amedrentarlo, según denuncia el diario La República.
Los fundamentos de la orden de detención dictada contra los asesores de Fujimori, Pier Figari, Ana Vega y Miguel Silva Checa, apresados el lunes, los señalan como partícipes en la operación de enmascaramiento de fondos ocultos recibidos para la campaña electoral de la política neoliberal, en 2015.
Para el fiscal Pérez y el juez a cargo del caso, Richard Concepción, mayor influencia sobre la dirigente tenía Silva Checa, quien estuvo en prisión por recibir un soborno de tres millones de dólares para poner al servicio del Gobierno un canal de televisión de su propiedad de Alberto Fujimori (1990-2000), padre de Keiko.
El aporte más conocido a la campaña fujimorista de 2011 es el de la empresa brasileña Odebrecht, que confirmó la entrega de un millón de dólares.
Para la rendición de cuentas de campaña ante las autoridades, ese y otros ingresos oscuros fueron presentados bajo el disfraz de muchos contribuyentes simulados o hasta inexistentes que eran reclutados a pedido de los mencionados, según la fiscalía.
Tales detalles fueron conocidos por el fiscal con la confesión de uno de los involucrados que aceptó colaborar para aminorar la sanción penal, lo que determina que ‘la situación de Keiko Fujimori se complica’, según el diario La República.
En la lista de legisladores que buscaban quienes aceptaran acreditar aportes que no habían hecho, figuran congresistas cercanos a la líder del partido Fuerza Popular (FP), como Cecilia Chacón y Héctor Becerril.
La mayoría del FP en el Congreso de la República bloqueó el lunes una denuncia constitucional contra Becerril por presionar para la elección de un elemento afín a su partido como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que nombra y cesa a jueces y fiscales.
Además, Becerril mantenía contacto con el señalado cabecilla de una red judicial de corrupción, César Hinostroza, con quien coordinaba eventuales favores judiciales para Keiko.
También estaba vinculado a la red el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a quien FP libró el lunes de una acusación constitucional por ese y otros hechos, en medio de protestas de bancadas de centro e izquierda que denunciaron que el ‘fujimorismo’ protege a Chávarry para que la libre de las pesquisas.
El fiscal Pérez ha manifestado públicamente su discrepancia con la continuidad de Chávarry en el cargo y desde ayer soporta una campaña de ataques por haber hablado en una visita a México sobre la guerra interna vivida aquí entre 1980 y 2000, sin llamar terroristas, como se les considera oficialmente, a los grupos alzados en armas.
La fiscalía de la Nación le pidió un informe al respecto y la comisión de Defensa del Legislativo lo llamó a declarar al respecto.
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