En Perú, denuncian extensión de la corrupción judicial

La corrupción de la justicia que golpea a Perú se reproduce en 14 distritos judiciales, reveló el presidente de la Corten Suprema, Víctor Prado, mientras aparecen nuevos indicios de vínculos políticos en el tema.

Prado dijo al diario El Comercio que la situación del vecino puerto del Callao, uno de los focos de la corrupción y donde magistrados daban fallos de impunidad a elementos del crimen organizado, a cambio de sobornos, se repite en unos 14 de los 34 distritos judiciales.
‘Son alrededor de 14, pero, por razones tácticas y de reserva, no puedo anunciar cuáles son’, dijo, al señalar que esas jurisdicciones son objeto de investigaciones.

Denuncias
Entretanto, persisten las denuncias contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien se aferra al cargo pese a sus contactos con importantes miembros de la red corrupta, para lo cual cuenta con el apoyo de la bancada del partido Fuerza Popular (FP), mayoritaria en el parlamento.

Frente a un verdadero clamor por la dimisión del fiscal, también por haber mentidos sobre esos nexos, legisladores de FP defienden su continuidad y argumentan para ello la institucionalidad y la autonomía del Ministerio Público, y solo aceptan una investigación parlamentaria, terreno en el que FP tiene bajo control.

En los últimos días, Chávarry ha sido acusado por la prensa de proponerse tomar represalias contra la fiscal Rocío Sánchez que descubrieron la red corrupta mediante escuchas telefónicas que realizaron en forma reservada para ocultarlas a los corruptos.

Para ello, según el diario La República, le serviría una investigación abierta para sancionar a los responsables de que los audios obtenidos fueran filtrados a la prensa, lo que impidió que la red maniobrara para ocultar a los corruptos descubiertos.

Según el periódico, Sánchez podría ser sancionada y apartados del caso porque tenía bajo custodia los audios, aunque también los resguardaba la policía, excluida de la indagación.
De otro lado, las pesquisas en marcha descubrieron un nuevo punto que relaciona a la red judicial corrupta, aunque en forma indirecta, con FP, además de contactos telefónicos entre el influyente legislador de FP Héctor Becerril y el suspendido juez de la Corte Suprema César Hinostroza.

Según trascendidos, la policía señalo como integrante de lo que la hipótesis de la fiscalía considera una organización criminal descubierta, al abogado José Luis Castillo.
Castillo es abogado de Joaquín Ramírez en una investigación por lavado de activos y hasta 2016 fue secretario general de Fuerza Popular y brazo derecho de la líder de FP, Keiko Fujimori.

Ramírez renunció a FP en los días previos a las elecciones de junio de ese año, debido a que una televisora informó que era investigado bajo sospecha de relación con el narcotráfico, por la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA).