Ex ministro derechista de Justicia ataca a Vizcarra

Una ruptura del ex ministro de Justicia de Perú Salvador Heresi con el Gobierno y su expulsión de la bancada parlamentaria oficialista se avizora, tras su cese por contactos con un miembro de una red judicial corrupta.

Heresi anunció que asumirá como legislador una ‘posición independiente’ del Ejecutivo debido a que cree que fue maltratado por el presidente Martín Vizcarra, quien, al revelarse una grabación judicial en la que coordinaba un proyecto de ley con el juez supremo César Hinostroza, le pidió públicamente que dimita. ‘Corresponde por una cuestión de dignidad personal y de respeto a mí como profesional y ser humano, el adoptar una posición independiente frente al gobierno’, declaró Heresi, quien por eso no asistió a la juramentación de su sucesor, Vicente Zeballos.

El lamento del ex ministro derechista se debe a que, según dice, el pedido público de que renuncie no era necesario, tras conocerse el audio comprometedor, que considera lícito, y dice que al mandatario ‘le faltó aplomo y educación’.

Al mismo tiempo, la prensa reveló que un hermano y la cuñada del extitular usaban automóviles del secretario general del Ministerio de Justicia, Manuel Soto, cesado por el nuevo titular.

Expulsión
Aunque el ministro dice que no eran autos oficiales, sino de Soto, trascendió que la bancada del gobernante partido Peruanos por el Cambio proyecta expulsar a Heresi por la sospechosa generosidad de Soto, a lo cual Heresi atribuye solo a amistad con su hermano.
El ex ministro negó que esté en riesgo de expulsión de la bancada y sostuvo que esta solo le ha pedido que informe sobre el tema.

Heresi fue el ministro más cuestionado cuando, en abril pasado, Vizcarra anunció su primer gabinete ministerial. Sus críticos le señalaban relaciones intensas con el partido conservador y autoritario Fuerza Popular y su apoyo a grupos de extrema derecha del exterior.
En el audio de su conversación con el juez Hinostroza, que data de los primeros días como ministro, Heresi le pide reunirse para tratar sobre un proyecto de ley que, según juristas consultados, dificultaría las investigaciones por lavado de activos.