Argentina pedirá pacto ‘stand-by’ de alto acceso al FMI
El Gobierno de Argentina pedirá al Fondo Monetario Internacional (FMI) un pacto financiero “stand-by” (SBA, por sus siglas en inglés) de alto acceso, que demandaría una negociación cercana a seis semanas, dijo el miércoles un portavoz del Ministerio de Hacienda del país...
El Gobierno de Argentina pedirá al Fondo Monetario Internacional (FMI) un pacto financiero “stand-by” (SBA, por sus siglas en inglés) de alto acceso, que demandaría una negociación cercana a seis semanas, dijo el miércoles un portavoz del Ministerio de Hacienda del país sudamericano.
Argentina busca fondos frescos que le permitan dejar atrás las importantes turbulencias que sacuden desde hace semanas a sus mercados financieros.
El titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, se reunió el miércoles en Estados Unidos con la autoridad del FMI para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, mientras que el jueves se encontrará con la directora gerente del organismo multinacional, Christine Lagarde, según el portavoz.
“Salir de la crisis”
De acuerdo con el sitio web del FMI, los SBA son utilizados principalmente por países de medianos ingresos para ayudarlos a “salir de las crisis y volver a un crecimiento sostenible”. Las naciones que piden prestado dinero en este marco deben pagarlo en un plazo de entre 3,25 y 5 años.
La banca de inversión BTG Pactual dijo el miércoles en una nota que un SBA sería más negativo para Argentina que otras opciones de financiamiento del FMI, ya que esa modalidad es otorgada a países que muestran “señales de alto riesgo de insolvencia e implica condiciones más rigurosas”.
El FMI describe los SBA de alto acceso como un seguro frente a posibles necesidades de financiamiento muy altas que se usan cuando un país no tiene la intención de utilizar el monto obtenido pero tiene la opción de hacerlo en caso de necesitarlo.
La decisión de acudir al FMI, anunciada sorpresivamente el martes luego de que una serie de drásticas alzas de tasas de interés del Banco Central no logró frenar la depreciación de la moneda local, implica un riesgo político para el Gobierno por el amplio rechazo que tiene la entidad en la sociedad argentina.
“El Gobierno es consciente de ese costo. Es un paso que le hubiese gustado no tomar. Corre un riesgo de profundizar la pérdida de popularidad”, dijo Juan Cruz Díaz, director de Cefeidas Group. “Pero este es el momento para tomar estas decisiones difíciles”, agregó.
El ministro Dujovne dijo que el del FMI es el financiamiento más barato que el país tiene disponible y que el plan oficial busca llevar estabilidad al mercado doméstico, en medio de un debilitamiento general de las monedas de la región como parte de una mayor aversión al riesgo en plazas globales.
El presidente Mauricio Macri, un ex empresario liberal, busca detener las fuertes presiones devaluatorias sobre el peso local ya que ello alienta aún más la alta inflación, cuya reducción es uno de los principales objetivos del Gobierno.
Argentina fijó como meta oficial para este año una inflación del 15 por ciento, pero los analistas creen que se ubicaría por encima del 20 por ciento. El año pasado, la tercera economía de América Latina reportó alzas de precios de casi 25 por ciento.
Argentina y el FMI retomaron su relación luego de que Macri llegó al poder en diciembre de 2015 tras una década de gobiernos de centroizquierda que cortaron lazos con el organismo.
Argentina busca fondos frescos que le permitan dejar atrás las importantes turbulencias que sacuden desde hace semanas a sus mercados financieros.
El titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, se reunió el miércoles en Estados Unidos con la autoridad del FMI para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, mientras que el jueves se encontrará con la directora gerente del organismo multinacional, Christine Lagarde, según el portavoz.
“Salir de la crisis”
De acuerdo con el sitio web del FMI, los SBA son utilizados principalmente por países de medianos ingresos para ayudarlos a “salir de las crisis y volver a un crecimiento sostenible”. Las naciones que piden prestado dinero en este marco deben pagarlo en un plazo de entre 3,25 y 5 años.
La banca de inversión BTG Pactual dijo el miércoles en una nota que un SBA sería más negativo para Argentina que otras opciones de financiamiento del FMI, ya que esa modalidad es otorgada a países que muestran “señales de alto riesgo de insolvencia e implica condiciones más rigurosas”.
El FMI describe los SBA de alto acceso como un seguro frente a posibles necesidades de financiamiento muy altas que se usan cuando un país no tiene la intención de utilizar el monto obtenido pero tiene la opción de hacerlo en caso de necesitarlo.
La decisión de acudir al FMI, anunciada sorpresivamente el martes luego de que una serie de drásticas alzas de tasas de interés del Banco Central no logró frenar la depreciación de la moneda local, implica un riesgo político para el Gobierno por el amplio rechazo que tiene la entidad en la sociedad argentina.
“El Gobierno es consciente de ese costo. Es un paso que le hubiese gustado no tomar. Corre un riesgo de profundizar la pérdida de popularidad”, dijo Juan Cruz Díaz, director de Cefeidas Group. “Pero este es el momento para tomar estas decisiones difíciles”, agregó.
El ministro Dujovne dijo que el del FMI es el financiamiento más barato que el país tiene disponible y que el plan oficial busca llevar estabilidad al mercado doméstico, en medio de un debilitamiento general de las monedas de la región como parte de una mayor aversión al riesgo en plazas globales.
El presidente Mauricio Macri, un ex empresario liberal, busca detener las fuertes presiones devaluatorias sobre el peso local ya que ello alienta aún más la alta inflación, cuya reducción es uno de los principales objetivos del Gobierno.
Argentina fijó como meta oficial para este año una inflación del 15 por ciento, pero los analistas creen que se ubicaría por encima del 20 por ciento. El año pasado, la tercera economía de América Latina reportó alzas de precios de casi 25 por ciento.
Argentina y el FMI retomaron su relación luego de que Macri llegó al poder en diciembre de 2015 tras una década de gobiernos de centroizquierda que cortaron lazos con el organismo.
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