Tariquía y la traición
Instalar la idea de que la única vía para el desarrollo de Bolivia pasa por perforar la Reserva Natural de Tariquía es una deslealtad con el departamento que voluntariamente se adhirió a Bolivia
Tariquía vuelve a estar bajo presión. La decisión del Tribunal Agroambiental de levantar la medida cautelar que impedía el ingreso y los trabajos relacionados con el proyecto Domo Oso X3 abre un escenario preocupante, especialmente porque las observaciones ambientales que motivaron la controversia siguen sin tener respuestas suficientemente claras. La Gobernación ha expresado su rechazo y ha anunciado que acompañará las acciones legales que correspondan. Es la posición institucional correcta y consecuente con sus planteamientos de campaña y del programa electoral, aunque es por demás conocido que la decisión sobre el futuro de la Reserva es del Gobierno Nacional.
La discusión se suele centrar en el X3, pero no estamos hablando del X3: el pozo descubridor puede ubicarse fuera técnicamente de la Reserva, pero es el que abre la puerta, pues el desarrollo completo del campo contempla una decena de pozos más en el interior. No estamos por tanto ante una discusión menor ni ante una disputa burocrática entre instituciones. Está en juego la integridad de una de las reservas naturales más importantes de Tarija, un territorio que cumple funciones ambientales fundamentales y que protege fuentes de agua, biodiversidad y ecosistemas de los que dependen comunidades enteras, pero nada de eso parece suficiente para la voracidad de un Estado que a menudo promete “cambios de matrices” y otros modelos de desarrollo, pero que, a la hora de la verdad, se aferra a la vieja receta del extractivismo.
Entre los cuestionamientos expuestos por la Gobernación está la posible realización de trabajos a menos de 50 metros de un río, así como la observación de un área de 5,2 hectáreas que, según el propio estudio de impacto ambiental, podría afectar fuentes de agua. También se ha señalado que alrededor del 35% del proyecto estaría relacionado con esa superficie observada. Son aspectos que deben ser aclarados con información técnica, estudios verificables y explicaciones públicas. No basta con asegurar que no habrá daños: hay que demostrarlo antes de intervenir.
Aquí aparece una diferencia fundamental entre prevención y reparación. Los monitoreos ambientales son necesarios, pero no sustituyen la obligación de evitar daños que podrían resultar irreversibles. No se puede autorizar primero, intervenir después y confiar en que los controles detectarán a tiempo cualquier problema. Cuando se trata de agua, biodiversidad y áreas protegidas, la precaución debe estar en el centro de las decisiones. Si existen observaciones pendientes sobre la ubicación, el diseño o los impactos del proyecto, corresponde resolverlas antes de abrir la puerta a los trabajos.
La protección de una reserva natural no puede depender de interpretaciones que reduzcan la prevención a simples monitoreos posteriores. Tarija tiene derecho a exigir respuestas
Más allá de la discusión jurídica, el Gobierno nacional tiene una obligación política y técnica: responder de manera transparente a las observaciones planteadas y garantizar que ninguna actividad se desarrolle al margen de las exigencias ambientales.
El enfoque con Tarija siempre fue desleal. Antes y ahora. Plantear la disyuntiva entre “desarrollo y conservación”, como si el desarrollo de Bolivia dependiera de extraer unos pocos millones de metros cúbicos de gas más en un territorio perforado como queso gruyere, y como si los tarijeños fueran quienes se niegan por algún tipo de capricho es una estrategia peligrosa en el tiempo que solo alimentará odios. El desarrollo no se mide únicamente por los barriles extraídos, los contratos firmados o los ingresos fiscales. También se mide por la disponibilidad de agua, la salud de los ecosistemas y las oportunidades que se preservan para las siguientes generaciones. Lo curioso es que el mismo presidente pueda decir una cosa en Turquía y otra en El Puente, donde los conservacionistas se convierten en “cuatro loquitos”.
El presidente Rodrigo Paz y las autoridades nacionales deberían trasladarse a Tarija, como ha pedido la Gobernación, y explicar con documentos y argumentos científicos por qué consideran viable la intervención y asumir todas las consecuencias políticas que de ahí se deriven.
La Gobernación, por su parte, debe sostener sus cuestionamientos con rigor técnico y jurídico, hacer públicos los informes y acompañar las acciones legales sin convertir la defensa de Tariquía en una consigna pasajera. La protección de la reserva exige continuidad institucional, información y vigilancia ciudadana.
Tariquía no puede convertirse en una moneda de cambio para conseguir inversiones ni en el escenario de una nueva carrera por extraer los últimos recursos. Si el proyecto no puede demostrar que cumple las condiciones ambientales y legales, no debe avanzar. Y si las autoridades están convencidas de que no existe riesgo, tienen la obligación de probarlo antes de intervenir. La conservación no es un obstáculo al desarrollo: es una condición para que exista futuro.


