Los «loquitos» de Tariquía
El señor presidente tiene todo el poder para decidir entrar en la Reserva Natural de Tariquía a buscar gas, pero debe asumir toda la responsabilidad y no obligar a que se le aplauda
Según el presidente Rodrigo Paz, en Tarija hay cuatro «loquitos». Al parecer son – o somos - quienes no creen que defender Tariquía sea una extravagancia ni que preguntar por los impactos de una perforación petrolera en medio de una Reserva Natural equivalga a frenar el desarrollo de Tarija. Lo que está en juego no es una consigna contra el gas, sino una decisión sobre qué estamos dispuestos a poner en riesgo para obtenerlo y qué obligaciones tiene el Estado antes de intervenir un área protegida.
La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía no es un terreno vacío esperando una inversión. Es un ecosistema que conserva biodiversidad, bosques, suelos y fuentes de agua de las que dependen comunidades y actividades productivas. Abrir caminos, instalar plataformas, movilizar maquinaria y perforar implica intervención física y riesgos que no desaparecen porque se prometa tecnología moderna o porque se asegure que el gas no está reñido con el medioambiente. La pregunta no es solo si esos riesgos han sido evaluados de manera independiente, transparente y suficiente ni si los beneficios justifican asumirlos; es si realmente queremos ese modelo de desarrollo.
Los impactos no se reducen a lo que ocurre en el punto exacto de la perforación. La fragmentación del hábitat, el ruido, el tránsito, la presión sobre los cursos de agua y la posibilidad de derrames o contaminación deben evaluarse también en su dimensión acumulativa. Una reserva puede degradarse sin que ocurra un desastre espectacular: basta con sumar intervenciones que alteren gradualmente sus equilibrios. Y cuando el daño afecta el agua, la biodiversidad o la capacidad de recuperación del bosque, no siempre existe una reparación sencilla ni completa.
Tampoco se puede hablar de desarrollo ignorando a quienes viven allí. Las comunidades tienen derecho a información oportuna, a participar y a que se respeten las garantías de consulta que correspondan. La socialización no puede reducirse a informar una decisión ya tomada ni la oposición vecinal puede descartarse como una maniobra política. Si el proyecto es tan seguro como se afirma, el Gobierno debería poder demostrarlo con documentos públicos, estudios completos y respuestas concretas a las objeciones, y aun así, seguirá existiendo el derecho a decir que no sin que nadie te llame “loquito”.
Hay, además, una razón política para recordar estas palabras: Rodrigo Paz no siempre sostuvo lo que hoy proclama. En mayo de 2018, cuando era alcalde de Tarija, pidió al Gobierno nacional preservar y proteger Tariquía, evitando la exploración y explotación hidrocarburífera dentro de la reserva. Dijo que había que llevar adelante las inversiones anunciadas «sin ingresar a la reserva» y defendió su valor biológico y futuro. No era entonces un «loquito»; era una autoridad que entendía que el desarrollo podía buscar otras opciones. ¿Qué cambió? ¿Aparecieron nuevos estudios concluyentes que demuestran que los riesgos han desaparecido, o cambió la posición porque ahora le corresponde impulsar la política energética nacional?
No ignoramos la crisis del gas. La producción cae, las reservas deben reponerse y el país necesita inversiones. Pero precisamente por eso el Gobierno debe explorar nuevas áreas, reactivar campos maduros, mejorar las reglas y buscar reservas donde el balance ambiental y económico sea razonable. En Tarija hemos escuchado promesas por décadas y las realidades son otras muy distintas. Tariquía no puede convertirse en la respuesta automática a décadas de falta de exploración y de mala administración de la renta gasífera. No se puede exigir que una reserva natural pague el costo de errores que se cometieron en otra parte.
La frase presidencial reduce una discusión compleja a un insulto. Quienes defendemos Tariquía no tenemos que demostrar que somos mayoría para tener derecho a ser escuchados. En democracia, una preocupación ambiental no se invalida contando cabezas ni ridiculizando a quienes la sostienen. El poder puede aprobar permisos y enviar maquinaria; lo que no puede hacer es decretar que los riesgos no existen ni borrar las consecuencias de sus decisiones.
El señor presidente tiene todo el poder para decidir entrar en la Reserva Natural cuando le plazca. Sería recomendable que además lo hiciera con todos los estudios a la vista, con garantías legales, consulta efectiva y responsabilidad pública por cada impacto. No debería esperar a que la gente le aplauda para después repartir culpas entre todos. Tampoco debe pretender esconder sobre el rechazo de “cuatro loquitos” el fiasco de una gestión que en un año redondo no ha podido siquiera traer un socio a explorar o redactar una Ley de Hidrocarburos tantas veces anunciada.
Los «loquitos» llevamos años diciendo que proteger Tariquía también es defender el futuro de Tarija. El señor presidente también lo decía hace no tanto. Si deciden ignorarlo, deben asumir las consecuencias ambientales, sociales y políticas de esa decisión. Nada más.
