Bolivia, corazón energético importado de Sudamérica
La autorización para comprar gas en el exterior reconoce una realidad que ya no admite evasivas: Bolivia produce cada vez menos. Puede ser una salida preventiva, pero no reemplaza la obligación del Estado de explorar y recuperar reservas
Bolivia no necesita haberse quedado sin gas para empezar a importarlo. La autorización para que consumidores públicos y privados compren gas natural o gas natural licuado en el exterior puede prevenir problemas de abastecimiento y tranquilizar a potenciales inversores de largo plazo que, tras tantos años augurando el cataclismo sin hacer nada concreto para evitarlo, no veían soluciones sostenibles en marcha, pues evidentemente confirma una crisis que lleva años gestándose: cae la producción, se reducen los ingresos por exportación y el país pierde margen para administrar uno de sus principales recursos, que era además uno de los valores que lo hacía atractivo: el gas y la energía barata.
Si determinados consumidores necesitan asegurar su suministro, disponer de una alternativa importadora desde Brasil o Argentina, con los ductos ya tendidos, puede ser razonable. El problema es que la excepción se convierta en política permanente y el gobierno baje los brazos y se conforme con confiar en la importación.
Tener recursos bajo tierra no es lo mismo que disponer de gas para el consumo. Los yacimientos declinan, los campos maduros pierden presión y los nuevos descubrimientos requieren estudios, perforaciones e infraestructura antes de convertirse en producción comercial. Las referencias a recursos potenciales no resuelven la estrechez actual: hacen falta reservas probadas, pozos en producción y una estrategia que reponga lo que se extrae.
La caída productiva desde cerca de 60 millones de metros cúbicos diarios en 2015 hasta unos 26 millones en 2026 evidencia la urgencia. Menos gas significa menor abastecimiento, menos exportaciones y menores regalías. Tarija conoce el costo: los hidrocarburos sostuvieron durante años una parte esencial de su economía.
El Gobierno debe hacer todo lo necesario para encontrar nuevas reservas. Eso exige dejar atrás los anuncios aislados y construir una política de exploración con metas, plazos y rendición de cuentas. Mayaya, en el norte de La Paz, y los proyectos para recuperar campos maduros con nuevas tecnologías cercanas al fracking pueden contribuir, pero ningún anuncio equivale a una reserva comercial probada. Cada proyecto necesita evaluación técnica, inversión y resultados verificables.
En ese escenario, se suponía que urgía una nueva Ley de Hidrocarburos que estableciera reglas claras para atraer capital y promover exploración. La seguridad jurídica exige reglas conocidas y duraderas, con capacidad estatal para fiscalizarlas. La demora del ejecutivo en plantear esta norma prolonga la incertidumbre mientras la producción sigue cayendo.
La importación tiene límites económicos. El gas natural licuado puede costar mucho más que el que pagan hoy algunos consumidores en Bolivia, antes de sumar transporte, recepción, almacenamiento y regasificación. Aunque las cotizaciones externas no se trasladan automáticamente a cada operación, hay que calcular quién asumiría el costo y cómo afectaría a la industria, la generación eléctrica y los usuarios. Importar puede cubrir necesidades puntuales, pero difícilmente sustituirá de forma barata la producción nacional.
Recuperar la capacidad gasífera tomará tiempo. La exploración puede tardar años en traducirse en nuevos volúmenes: hay que actuar ahora, no cuando la falta de oferta fuerce decisiones de emergencia. El Estado debe facilitar inversiones, publicar información confiable sobre reservas y producción y evaluar los proyectos con criterios transparentes. La urgencia tampoco puede justificar contratos opacos ni decisiones sin fiscalización.
Bolivia todavía dispone de gas para dos o tres años. La pregunta decisiva no es solo cuánto queda, sino qué hará el país para convertir sus recursos en producción suficiente y sostenida. Autorizar importaciones puede ser prudente durante una transición difícil. Pero la meta debe ser descubrir reservas, desarrollar campos viables y recuperar la capacidad de abastecer al país. Importar puede ser necesario; culpar al pasado y resignarse a depender de gas ajeno sería institucionalizar el fracaso como política de Estado.
