La justicia no puede esperar al crédito
Que una reforma judicial de la que depende la seguridad jurídica del país se postergue hasta conseguir financiamiento externo resulta humillante. Bolivia necesita voluntad política, instituciones completas y decisiones urgentes, no otra promesa que se traslade al calendario del próximo año.
Hay algo profundamente preocupante en que la reforma judicial, una de las tareas más urgentes para reconstruir el Estado boliviano, dependa ahora de gestiones para conseguir un crédito en el exterior. El presidente Rodrigo Paz ha anunciado que su ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, busca en Panamá recursos para financiar los cambios y que el objetivo es organizar el trabajo durante los meses que restan del año, de modo que enero de 2027 marque el comienzo de una gran reforma. La intención puede ser legítima, pero el mensaje que recibe el país es desalentador: una necesidad institucional impostergable vuelve a quedar supeditada a la disponibilidad de dinero en forma de crédito.
No se trata de negar que una transformación seria del sistema judicial requiera recursos. Hacen falta equipos técnicos, estudios, asistencia especializada, modernización tecnológica y capacidad para ejecutar cambios que no se agoten en una nueva ley. Pero resulta humillante que un Estado que necesita recuperar la confianza de sus ciudadanos presente la reforma de la justicia como una tarea que debe esperar a que lleguen recursos frescos del exterior. La independencia judicial, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley no son proyectos accesorios que puedan ponerse en marcha cuando el presupuesto lo permita. Son obligaciones esenciales del Estado.
El problema, además, no comienza con la falta de financiamiento. Empieza con la ausencia de una institucionalidad completa y capaz de dar garantías a cualquier reforma. El Tribunal Constitucional Plurinacional quedó inutilizado tras la imprescindible salida de los magistrados autoprorrogados. Nadie pensó en el día después. Desde entonces, la falta de un pleno en condiciones de atender asuntos de relevancia constitucional mantiene al país ante una situación anómala que no puede normalizarse por el simple paso del tiempo.
La consecuencia es mucho más profunda que una dificultad administrativa. Cuando el máximo intérprete de la Constitución no puede ejercer plenamente sus atribuciones, se resiente la capacidad del Estado para resolver controversias, controlar la constitucionalidad de las normas y ofrecer certezas sobre la validez de decisiones públicas. La incertidumbre jurídica se extiende a las instituciones, a los ciudadanos y a quienes deben invertir, producir o generar empleo. La seguridad jurídica no se consigue con discursos ni con la firma de convenios de crédito: necesita reglas claras, jueces independientes y órganos constitucionales que funcionen.
Por eso, completar el Tribunal Constitucional debe figurar entre las prioridades inmediatas del Gobierno y de la Asamblea Legislativa. Allí donde corresponda, deben convocarse y realizarse los procesos electorales pendientes, con apego a la Constitución y sin cálculos partidarios. No se puede pretender discutir con garantías una reforma constitucional o rediseñar las bases del sistema judicial mientras el órgano llamado a ejercer el control constitucional permanece incompleto. La reforma de fondo necesita legitimidad jurídica desde su origen, no una carrera para corregir después los defectos de procedimiento.
Tampoco basta con reunir expertos nacionales e internacionales ni con anunciar que se convocará a las mejores mujeres y los mejores hombres del país. Esa participación puede aportar mucho, siempre que se traduzca en un diagnóstico público, objetivos verificables, plazos concretos y mecanismos de rendición de cuentas. Bolivia ya ha escuchado demasiadas promesas de transformación institucional que terminaron en reformas parciales, disputas de poder o cambios que no modificaron la experiencia cotidiana de los ciudadanos ante los tribunales.
La reforma debe enfrentar los problemas estructurales: la independencia de los jueces, la selección meritocrática de autoridades, la lucha contra la corrupción, la mora procesal, el acceso efectivo a la justicia y la capacidad de las instituciones para aplicar la ley sin privilegios ni presiones. Y debe hacerlo con transparencia, participación ciudadana y respeto al orden constitucional. El financiamiento, si resulta necesario, debe servir a un plan definido y evaluable; no convertirse en la condición que justifique aplazarlo.
El Gobierno tiene la oportunidad de demostrar que ha entendido la dimensión de la crisis. No necesita esperar a enero para empezar a trabajar ni puede limitarse a aguardar el resultado de una gestión crediticia. Puede presentar desde ahora una hoja de ruta, impulsar la recomposición institucional que corresponda y comprometer a los demás órganos del Estado con plazos y responsabilidades públicas.
No hay nada más prioritario que recuperar una justicia confiable. Sin ella, la lucha contra la corrupción pierde fuerza, los derechos quedan expuestos, la inversión tropieza con la incertidumbre y la democracia se debilita. Bolivia no puede seguir financiando su espera con paciencia ciudadana. La reforma judicial debe comenzar con decisiones concretas, garantías constitucionales y voluntad política. El crédito, si llega, podrá ayudar a ejecutarla; nunca debería ser la razón para postergarla.
