Seguridad: ¿acostumbrarse al sicariato?
El avance de la violencia armada y el crimen organizado exige una respuesta inmediata del Estado. No basta con reaccionar después de cada asesinato: hay que recuperar capacidad de prevención, inteligencia y control territorial
La violencia criminal está adquiriendo una dimensión que Bolivia no puede normalizar. Los recientes hechos de sicariato y violencia armada en Santa Cruz han llevado al Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana a plantear la creación de un comando conjunto de lucha contra el crimen organizado, con participación policial y militar y una base principal en San Ignacio de Velasco en lo que parece un desafío al Estado, que hasta el momento no ha logrado dar una respuesta. El problema no es exclusivo de Santa Cruz y el resto de departamentos está en emergencia.
La propuesta puede y debe ser discutida técnicamente. Pero más allá de la estructura que finalmente se adopte, hay una cuestión que ya no admite demasiadas vueltas: el Estado tiene que recuperar el control de los territorios donde el crimen organizado pretende imponer sus propias reglas.
No se trata solamente de contar asesinatos. El sicariato es una expresión particularmente grave de una estructura criminal que dispone de dinero, armas, información, logística y capacidad para contratar violencia. Cuando aparecen asesinatos por encargo, enfrentamientos armados y organizaciones vinculadas al narcotráfico, el problema deja de ser exclusivamente policial. Es un problema de seguridad del Estado y por eso preocupa que durante demasiado tiempo la respuesta haya parecido limitada a operativos posteriores a los hechos. Detener a los autores materiales es indispensable, pero no suficiente. Hay que llegar a quienes ordenan, financian, transportan, lavan dinero y proporcionan armas, y para eso hace falta inteligencia.
Santa Cruz plantea priorizar San Ignacio de Velasco, San Matías, Puerto Quijarro y otras zonas fronterizas. Tiene lógica: la frontera con Brasil es un espacio especialmente sensible para el movimiento de personas, mercancías y organizaciones criminales. Pero el enfoque no debería quedarse en un mapa departamental. Las rutas criminales atraviesan departamentos como bien se está percibiendo en Tarija.
En el departamento del sur se conoce bien la condición estratégica de las fronteras. Yacuiba y Bermejo no pueden mirar lo que ocurre en Santa Cruz como un problema ajeno. Tampoco pueden hacerlo Beni, Pando, Cochabamba o La Paz. Cuando una organización criminal encuentra un territorio vulnerable, busca expandirse.
Por eso Bolivia necesita una estrategia nacional contra el crimen organizado, con capacidades regionales suficientes y coordinación real entre Policía, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, Aduana, Migración y las instituciones encargadas de perseguir el lavado de dinero.
Esto necesita recursos. No es razonable exigir resultados a una Policía que carece de combustible, vehículos, tecnología, comunicaciones o personal suficiente para trabajar en territorios extensos y fronterizos. La seguridad no se consigue únicamente con discursos ni con conferencias de prensa.
La propuesta de utilizar temporalmente inmuebles y vehículos incautados al narcotráfico merece también una evaluación seria, siempre dentro de la ley y con controles que impidan que esos bienes terminen convirtiéndose en otra fuente de corrupción.
Lo mismo vale para las armas incautadas. Antes que anunciar medidas llamativas, hay que garantizar trazabilidad, custodia, protocolos y responsabilidad institucional.
Incluso la identificación de motociclistas puede ser una herramienta útil en determinados contextos. Pero no podemos confundir una medida de control con una estrategia contra el crimen organizado. El chaleco reflectivo no sustituye a la inteligencia criminal. El Estado debe llegar antes que el sicario. Debe saber dónde están las organizaciones, cómo se financian, quiénes las integran, qué rutas utilizan y qué funcionarios pueden estar facilitando sus operaciones. Y cuando existan indicios de complicidad dentro de las instituciones, la investigación debe ser implacable y transparente.
El crimen organizado no crece solamente donde faltan policías. Crece donde encuentra complicidades, corrupción, impunidad y territorios sin control efectivo.
La sociedad tampoco puede acostumbrarse a la idea de que ciertos asesinatos son simplemente “ajustes de cuentas”. Cada sicariato es una señal de alarma. Cada arma que circula ilegalmente es una amenaza. Cada frontera sin control suficiente es una oportunidad para quienes viven de actividades criminales.
Bolivia necesita seguridad. No mañana. Ahora. Y seguridad no significa únicamente más uniformados en las calles. Significa prevención, inteligencia, investigación, justicia, fronteras controladas, persecución patrimonial y capacidad de desarticular organizaciones completas.
Exijamos seguridad. Pero exijamos también resultados
