La Constitución no admite atajos

La declaración del presidente Rodrigo Paz sobre la posibilidad de impulsar “dos, tres, cuatro” reformas constitucionales con rapidez, aprovechando una eventual mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa, merece algo más que una celebración o un rechazo automático. Después de meses de evitar el debate constitucional, el Gobierno parece finalmente dispuesto a reconocer que buena parte de las reformas que pretende impulsar tropiezan con el texto constitucional vigente. Eso, en sí mismo, es positivo.

Lo que no puede ser positivo es pretender resolver una discusión de fondo con un trámite de forma.

La Constitución establece mecanismos distintos según la naturaleza de la reforma. Las reformas parciales pueden ser promovidas por la Asamblea Legislativa mediante una ley aprobada por dos tercios que deben ser sometidas posteriormente a referéndum constitucional aprobatorio. Las reformas que afecten sus bases fundamentales requieren, en cambio, una Asamblea Constituyente. La diferencia no es un tecnicismo. Es la garantía de que los cambios estructurales a las reglas del Estado tengan la legitimidad correspondiente.

Y aquí aparece el primer problema: ¿quién determina que una reforma es “clave” pero no de fondo? No es el Gobierno y probablemente tampoco la Asamblea, al menos tal como está construido el actual texto. Esa valoración corresponde al procedimiento constitucional y, en última instancia, a las instituciones encargadas de garantizarlo. El problema es que Bolivia atraviesa precisamente una situación institucional anómala, con un Tribunal Constitucional Plurinacional que no cuenta con las condiciones de funcionamiento ordinario ni un quorum suficiente para asumir con normalidad todos los desafíos que se le plantean.

No es un detalle menor. Si el país va a abrir el debate constitucional, primero necesita tener funcionando plenamente a las instituciones que deben custodiarlo, más cuando una de las reformas “parciales” pasa justamente por la Justicia.

El asunto adquiere especial relevancia cuando se habla de las inversiones. Es posible que con la configuración final de la Asamblea propiciada por las tumultuosas elecciones de 2025 – con varios partidos y candidatos inhabilitados – tenga dos tercios para acordar una Ley en una línea determinada, pero no parece un asunto de forma, sino de fondo.

Cambiar las condiciones en las que el Estado se relaciona con el capital privado, establecer nuevas garantías, alterar el régimen de recursos estratégicos o modificar sustancialmente las reglas para la inversión extranjera tiene consecuencias demasiado importantes como para resolverlas simplemente porque existen dos tercios en el Parlamento.

Ahí está precisamente la importancia del referéndum. Si se pretende reformar parcialmente la Constitución, que los ciudadanos decidan. Y que lo hagan después de un debate transparente, conociendo exactamente qué se modifica, por qué se modifica y cuáles serán sus consecuencias. No hay que tenerle miedo al voto popular.

Bolivia ha demostrado en numerosas ocasiones que sus ciudadanos pueden asumir decisiones complejas cuando se les proporciona información suficiente. Lo que no debemos repetir es la vieja costumbre de utilizar procedimientos institucionales para evitar la discusión política.

La propuesta de Paz puede convertirse, por tanto, en una oportunidad para reiniciar un debate que el país necesita. Pero tendrá que hacerlo con seriedad.

Y esa seriedad exige otro compromiso: aceptar el resultado. Es evidente que a estas alturas – solo 10 meses después -, el gobierno de Rodrigo Paz necesita revalidarse democráticamente, y eso también pasa por convertir un referéndum técnico en un plebiscito sobre la gestión. Cualquier reforma que se plantee acabará en ese jardín, y por ende, es preciso tener claras sus consecuencias.

Las ánforas nunca debilitan la democracia, sino todo lo contrario.

Bolivia necesita reformar muchas cosas. Necesita reglas económicas más modernas, mejores condiciones para invertir, instituciones eficaces, un sistema energético sostenible y una arquitectura autonómica capaz de responder a la realidad del país, pero reformar no significa atropellar.

La Constitución no puede ser un obstáculo intocable, pero tampoco una hoja de papel que pueda reinterpretarse según la urgencia política del momento.

Si el Gobierno considera que Bolivia necesita cambios constitucionales, que tenga el valor de plantearlos de frente. Que los discuta con la oposición, con las regiones, con los sectores productivos, con las organizaciones sociales y, finalmente, con los ciudadanos.

Nadie debe confundir rapidez con legitimidad. Una reforma constitucional puede ser rápida cuando corresponde. Lo que nunca puede ser es un atajo