El Gobierno y los límites

Bolivia no está para esto. El intento de homicidio denunciado por Nadia Beller ha sacudido al país por la gravedad del hecho y por las personas que aparecen alrededor de la denuncia. Beller ha señalado públicamente a su expareja, Fernando Cerimedo, asesor principal del presidente Rodrigo Paz, como responsable del ataque. La acusación deberá ser investigada con todas las garantías y serán las autoridades competentes las que establezcan qué ocurrió y quiénes son responsables.

No corresponde a un periódico reemplazar a la Justicia. Pero tampoco corresponde mirar hacia otro lado. Cuando una denuncia de esta naturaleza alcanza a una persona que ocupa un lugar tan próximo al presidente de la República, el asunto deja de ser estrictamente privado. Se convierte en un problema de confianza pública y de responsabilidad política.

Y aquí aparece una cuestión fundamental: los estándares éticos del poder deben ser superiores a los mínimos exigibles ante un tribunal. No es lo que el TCP diga, o el TSJ diga, es lo que el pueblo está preparado para soportar sin que todo se desmorone.

En democracia, la Justicia establece responsabilidades penales. El poder político establece responsabilidades de confianza, por eso, ante una acusación de esta magnitud, el Gobierno debería extremar la transparencia

No estamos diciendo que Cerimedo sea culpable. Estamos diciendo que una acusación de semejante gravedad no puede ser tratada como un episodio más de la interminable disputa política nacional. Mucho menos puede convertirse en un asunto que el Gobierno pretenda administrar comunicacionalmente hasta que pase la tormenta.

El Gobierno tiene que explicar qué sabía, cuándo lo supo, qué relación mantiene con el acusado y qué medidas está dispuesto a adoptar para preservar la independencia de cualquier investigación. Y, sobre todo, debe demostrar que sus compromisos éticos no son una pieza más del discurso electoral, porque los escándalos se han desbordado.

Una investigación por presuntas irregularidades patrimoniales que alcanza al ministro de Economía. Las maletas con dólares. Las maletas con oro. La narcomadera. Las dudas sobre decisiones económicas fundamentales. La tensión alrededor de las reformas. Las controversias sobre asesores y círculos de poder. Y ahora un hecho de violencia extrema.

Cada episodio puede tener una explicación independiente. Cada denuncia debe probarse. Cada persona tiene derecho al debido proceso, pero la política también funciona por acumulación, y llega un momento en que la suma de hechos, dudas y controversias empieza a deteriorar algo mucho más difícil de recuperar: la confianza. Hoy está en mínimos.

Rodrigo Paz llegó al Gobierno prometiendo una ruptura con determinadas prácticas de la política tradicional, una nueva forma de hacer las cosas y una recuperación de la institucionalidad. Esa promesa no puede limitarse a las reformas económicas o a los discursos sobre modernización del Estado, también tiene que alcanzar a quienes rodean al presidente.

Los asesores no son funcionarios elegidos por el voto popular, pero quienes ocupan posiciones de influencia sobre el poder tienen una responsabilidad política evidente. El presidente tiene plena facultad para decidir con quién trabaja y, por lo mismo, también tiene la responsabilidad de revisar esas decisiones cuando las circunstancias cambian.

En democracia, la Justicia establece responsabilidades penales. El poder político establece responsabilidades de confianza, por eso, ante una acusación de esta magnitud, el Gobierno debería extremar la transparencia, garantizar una investigación independiente y revisar de inmediato sus compromisos éticos. Y si no puede garantizar razonablemente que su entorno cumple los estándares que el país espera de sus gobernantes, alguien tendrá que dar un paso al costado.

Bolivia atraviesa una crisis demasiado profunda como para permitirse que el poder se encierre en sus propios conflictos. Hay familias preocupadas por los precios, empresas que necesitan certezas, productores que necesitan combustible, regiones que reclaman recursos y un Estado que debe reconstruir su credibilidad.

El país necesita gobierno, certezas e institucionalidad. Esto se veía venir y hace meses que se advertía. No hay nada que administrar comunicacionalmente. Hay que priorizar el país.