APP sí, privatización encubierta no

Una de las propuestas más interesantes de la futura Ley de Inversiones es la posibilidad de desarrollar Alianzas Público Privadas. Bolivia necesita inversión y necesita mucha. Hay carreteras que construir, sistemas de agua que modernizar, infraestructura energética que ampliar y servicios públicos que requieren tecnología y capital que el Estado hoy no siempre tiene disponibles.

Sería absurdo rechazar por principio la posibilidad de que el sector privado participe en ese esfuerzo, pero también sería ingenuo celebrar las APP simplemente porque suenan modernas.

Bolivia tiene una larga tradición de entregar patrimonio público en momentos de necesidad, generalmente bajo la promesa de que la inversión privada traería eficiencia, tecnología, crecimiento y bienestar. Pocas experiencias han sido aceptables.

Por eso conviene hacerse una pregunta incómoda: ¿estamos ante una nueva herramienta de cooperación entre el Estado y el sector privado o simplemente estamos cambiando el nombre de aquello que antes llamábamos privatización?

No toda APP es una privatización, desde luego. Una alianza bien diseñada puede permitir que el privado aporte capital y capacidad de gestión mientras el Estado conserva la propiedad, regula el servicio y comparte de manera razonable los riesgos y beneficios.

El problema aparece cuando la fórmula se invierte: el Estado pone el patrimonio, garantiza la rentabilidad, asume las pérdidas y entrega durante décadas la explotación de un activo o servicio, mientras el privado obtiene los beneficios.

Cambiar el nombre no cambia la naturaleza de un negocio: una APP solo será una verdadera alianza si el Estado comparte riesgos y beneficios, conserva capacidad de decisión y obtiene una contraprestación justa por lo que aporta.

Eso no sería una alianza. Sería una transferencia de renta pública. Y precisamente por eso la futura legislación debe ser extraordinariamente rigurosa, teniendo en cuenta que hay docenas de infraestructuras construidas en todo el país sin el uso adecuado.

No basta con establecer que habrá licitaciones. Hay que conocer cuánto vale realmente el activo público comprometido, cuánto invertirá el privado, qué rentabilidad se le reconoce, qué ingresos tendrá, qué garantías recibirá, qué riesgos asumirá y qué recibirá el Estado durante toda la vigencia del contrato.

También debe quedar claro qué sucede si el proyecto fracasa, si los ingresos no alcanzan, si cambian las condiciones económicas o si el socio privado decide abandonar.

Una carretera, un aeropuerto, una planta energética o un sistema de agua no son simplemente oportunidades de negocio. Son infraestructura construida con el esfuerzo de generaciones y, en muchos casos, servicios esenciales.

Por eso el Parlamento debe tener un papel mucho más importante que el de aprobar una ley general y dejar las decisiones posteriores en manos del Ejecutivo.

Los proyectos estratégicos que comprometan patrimonio público, recursos naturales, ingresos futuros o servicios esenciales deberían contar con una fiscalización legislativa efectiva, estudios independientes de costo-beneficio y contratos completamente accesibles para la ciudadanía.

La transparencia no puede llegar después de la firma.

Otro asunto es la urgencia. Bolivia necesita inversión con desesperación. Necesita dólares. Necesita empleo y necesita crecimiento. Precisamente por eso existe el riesgo de que esa necesidad termine debilitando la posición negociadora nacional.

No hay nada más peligroso que negociar patrimonio público cuando quien negocia siente que necesita cerrar el acuerdo a cualquier precio.

Las APP deben servir para que Bolivia consiga mejores proyectos, no simplemente para conseguir proyectos rápidamente.

El capital privado puede y debe participar en el desarrollo nacional. Pero no debemos confundir inversión con generosidad. Las empresas vienen a ganar dinero, y eso es perfectamente legítimo. La obligación del Estado es conseguir que esa ganancia sea compatible con el interés público.

Si una APP es buena para el inversor, buena para el Estado y buena para los ciudadanos, bienvenida sea.

Si solamente es buena para el inversor porque el Estado garantiza sus beneficios y absorbe sus riesgos, habrá que decirlo claramente: no estamos ante una alianza, sino ante una mala negociación.

Bolivia necesita abrirse al capital y dejar atrás prejuicios ideológicos. Pero abrirse no significa entregarse.

Nuestra historia obliga a ser prudentes. Porque las privatizaciones también llegaron alguna vez envueltas en palabras como modernización, eficiencia, inversión y competitividad.

Hoy pueden llamarse Alianzas Público Privadas.

El nombre importa poco.

Lo que realmente importa es quién pone, quién gana, quién decide y quién termina pagando.