Autonomía, un paso correcto en un camino muy largo
Dejar de confiscar recursos no debería ser objeto de celebración sino normalidad institucional dentro de un Estado que apostó por la autonomía
La presumible aprobación del proyecto de Ley de Adecuación del Financiamiento de Obligaciones Públicas representa una buena noticia para las autonomías departamentales. Si finalmente supera su trámite legislativo y es promulgada, corregirá una distorsión que durante años obligó a las gobernaciones a financiar competencias que nunca les correspondieron. No es una concesión del nivel central. Es, simplemente, un acto de justicia institucional que desde los departamentos se viene reclamando desde hace muchos años.
En el caso de Tarija, la medida permitirá liberar más de 13 millones de bolivianos que hoy se destinan al pago de prediarios en las cárceles, beneficios nacionales del sector salud y títulos de bachiller, responsabilidades que por lógica y por diseño constitucional pertenecen al Gobierno central. Son recursos que podrán orientarse a inversiones, programas o servicios propios del departamento, precisamente para aquello que fueron creadas las autonomías.
Es un avance que merece respaldo.
Pero también conviene evitar una tentación frecuente en Bolivia: confundir un paso importante con la llegada al destino.
El verdadero debate autonómico – que va más allá de ese 50-50 - continúa pendiente.
Desde la aprobación de la Constitución Política del Estado y del régimen autonómico, el país ha convivido con un modelo que, en demasiadas ocasiones, transfirió responsabilidades sin garantizar el financiamiento suficiente o, directamente, descargó obligaciones nacionales sobre departamentos y municipios. El resultado ha sido una permanente tensión financiera, especialmente en regiones como Tarija, donde además se ha reducido drásticamente la renta hidrocarburífera que durante años permitió absorber esos desequilibrios.
Corregir competencias mal financiadas fortalece la autonomía, pero el verdadero desafío sigue pendiente: construir un Estado descentralizado con reglas claras, recursos suficientes y responsabilidades bien definidas
Corregir algunos de esos desajustes era imprescindible. Pero la construcción autonómica exige una revisión mucho más profunda.
Bolivia necesita discutir con serenidad y rigor qué competencias corresponden a cada nivel de gobierno, cuáles deben mantenerse compartidas, cómo se financian de manera sostenible y qué mecanismos de coordinación evitan duplicidades y conflictos permanentes. La autonomía no consiste únicamente en administrar menos recursos; consiste en gobernar mejor desde la proximidad al ciudadano.
También será necesario abordar el debate sobre la distribución de los ingresos públicos. La discusión del denominado 50-50, u otras fórmulas de redistribución fiscal, no puede convertirse en una simple disputa de porcentajes. Debe responder a una pregunta más amplia: ¿cómo se construye un Estado más eficiente, más equilibrado y capaz de responder a las necesidades de cada territorio?
Ese es el verdadero pacto pendiente.
Las autonomías tampoco pueden limitarse a reclamar recursos. Deben demostrar capacidad de planificación, transparencia y buena gestión. Más competencias y mayor financiamiento también implican una mayor responsabilidad ante la ciudadanía. La descentralización solo fortalece la democracia cuando acerca las soluciones a las personas y mejora la calidad de los servicios públicos.
En ese sentido, la ley aprobada en el Senado puede marcar un precedente positivo. Reconoce que no es razonable seguir financiando desde los departamentos políticas nacionales y devuelve cierto margen de maniobra a gobiernos subnacionales que enfrentan presupuestos cada vez más ajustados.
Pero la autonomía boliviana sigue siendo una obra inacabada.
Quedan pendientes un verdadero pacto fiscal, una redefinición integral de competencias, mecanismos estables de coordinación entre niveles de gobierno y una distribución de recursos coherente con las responsabilidades que cada institución debe asumir. Sin esa conversación, el país seguirá administrando parches donde debería construir un modelo de Estado.
Celebrar este avance es justo. Creer que con él se resuelve el problema sería un error.
