La distancia también es violencia

Hay violencias que dejan marcas visibles y otras que permanecen ocultas detrás de las estadísticas. Pero existe una tercera, mucho más silenciosa, que se produce cuando una víctima debe recorrer cien kilómetros para encontrar una institución que la escuche. Esa distancia no es solo geográfica. Es la medida de la ausencia del Estado.

La historia de una mujer del pueblo Weenhayek que tuvo que trasladarse desde Crevaux hasta Yacuiba para denunciar las agresiones de su pareja no debería ser vista como un caso excepcional. Es el reflejo de una realidad que afecta a muchas mujeres del área rural e indígena, obligadas a enfrentar no solo a sus agresores, sino también a un sistema que les impone obstáculos económicos, administrativos y territoriales para acceder a la justicia.

Denunciar nunca debería convertirse en una carrera de resistencia.

Bolivia ha avanzado en la construcción de un marco legal para proteger a las víctimas de violencia. La Ley 348 constituye uno de los instrumentos más importantes en esa materia y establece obligaciones claras para las instituciones públicas. El problema no es la ausencia de normas. El problema es la enorme distancia entre lo que dice la ley y lo que ocurre en muchas comunidades del país.

Una mujer no debería recorrer cien kilómetros para denunciar una agresión.

Porque una ley pierde eficacia cuando no existen policías suficientes, fiscales disponibles, médicos forenses, juzgados cercanos o servicios legales municipales con el personal necesario para atender a quienes más lo necesitan. Los derechos existen en el papel, pero muchas veces desaparecen en el territorio.

La situación resulta aún más preocupante en departamentos como Tarija, donde extensas zonas rurales y comunidades indígenas enfrentan dificultades históricas de acceso a los servicios públicos. Para muchas familias, trasladarse hasta una ciudad implica gastar recursos que simplemente no tienen. Esa realidad explica por qué numerosas agresiones nunca llegan a denunciarse y por qué tantas mujeres terminan soportando años de violencia en silencio.

La falta de presupuesto ya no puede seguir utilizándose como explicación permanente. Policía, Fiscalía, Órgano Judicial, SLIM y Defensoría del Pueblo coinciden desde hace años en el mismo diagnóstico: faltan recursos, personal, infraestructura y presencia institucional. El diagnóstico está hecho. Lo que falta es la decisión política de convertir la atención a las víctimas en una verdadera prioridad del Estado.

Porque la violencia de género no se combate únicamente endureciendo las penas. También se combate garantizando que cualquier mujer, viva donde viva, pueda denunciar sin recorrer cientos de kilómetros, sin gastar el dinero destinado al sustento de su familia y sin sentir que el sistema la abandona antes siquiera de iniciar el proceso.

La presencia del Estado no puede medirse únicamente por la existencia de oficinas en las capitales de departamento. Debe medirse por su capacidad para llegar hasta las comunidades más alejadas, allí donde la vulnerabilidad suele ser mayor y donde la protección institucional resulta más necesaria.

Es momento de pensar en soluciones diferentes. Brigadas móviles de atención, fiscalías itinerantes, fortalecimiento de los SLIM, mayor presencia de la FELCV en provincias, uso de tecnologías para facilitar denuncias y una coordinación efectiva entre municipios, gobernación y Gobierno nacional son algunas de las herramientas que pueden acercar la justicia a quienes hoy permanecen demasiado lejos de ella.

La igualdad ante la ley solo existe cuando todos tienen las mismas posibilidades de ejercer sus derechos. Mientras una mujer tenga que recorrer cien kilómetros para denunciar una agresión, no estaremos frente a un problema de transporte ni de presupuesto. Estaremos frente a una deuda del Estado con sus ciudadanos.

Porque la violencia no comienza únicamente con el primer golpe. También empieza cuando las instituciones llegan demasiado tarde.