No habrá “milagro” con el gas
Cada crisis internacional eleva el precio de nuestra dependencia que “retirar toda la subvención” no resolverá por sí solo
Los mercados internacionales han vuelto a recordar una realidad que Bolivia conoce demasiado bien: la energía sigue siendo uno de los factores más sensibles de la economía mundial. Bastó una nueva escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán para que el precio del petróleo se disparara, y apenas surgieron señales de un posible diálogo diplomático, las cotizaciones comenzaron a moderarse. Esa volatilidad es hoy una constante.
Para Bolivia, estas oscilaciones tienen una doble lectura. Un precio internacional más elevado mejora el valor potencial de la producción de hidrocarburos que el país aún conserva. Pero, al mismo tiempo, encarece la factura de las importaciones de gasolina y diésel, precisamente cuando el país depende cada vez más de combustibles comprados en el exterior para sostener su economía.
Bolivia ya no puede esperar otro ciclo de bonanza: debe recuperar cuanto antes su capacidad de explorar, producir y garantizar su propia seguridad energética.
Ese es el verdadero problema. Ya no somos espectadores de los movimientos del mercado internacional; somos cada vez más vulnerables a ellos.
Durante años, Bolivia disfrutó de una posición privilegiada como exportador de gas natural. Esa condición permitía observar las crisis energéticas globales con cierta distancia e incluso obtener beneficios cuando los precios subían. Hoy la situación ha cambiado radicalmente. La disminución de la producción nacional obliga a destinar crecientes recursos a la importación de combustibles, sometiendo las finanzas públicas a factores que escapan completamente al control del país.
Cada conflicto en Medio Oriente, cada amenaza sobre el estrecho de Ormuz, cada decisión de la OPEP o cada tensión entre grandes potencias termina teniendo consecuencias directas sobre la economía boliviana. Esa dependencia externa no debería haberse convertido nunca en una característica estructural.
Por eso, el debate nacional ya no puede seguir atrapado entre diagnósticos repetidos y anuncios de futuras leyes. La exploración y la producción de hidrocarburos deben convertirse en una auténtica política de Estado, respaldada por acuerdos políticos estables, reglas claras y decisiones ejecutivas capaces de acelerar inversiones que llevan demasiado tiempo esperando.
No se trata únicamente de aprobar una nueva Ley de Hidrocarburos, aunque probablemente sea necesaria. Tampoco basta con ofrecer incentivos o modificar contratos. Hace falta recuperar la confianza, fortalecer a YPFB como empresa técnica y competitiva, atraer capital y tecnología bajo condiciones transparentes y, sobre todo, comprender que el tiempo juega en contra.
Cada año que pasa sin nuevos descubrimientos amplía la dependencia de las importaciones. Cada proyecto que se posterga incrementa la presión sobre las reservas internacionales y sobre un presupuesto que ya destina miles de millones de bolivianos a subsidiar combustibles. La inacción también tiene un costo, y comienza a ser demasiado alto.
Bolivia dispone todavía de potencial hidrocarburífero. Existen áreas con perspectivas geológicas, proyectos en desarrollo y conocimiento técnico suficiente para volver a incrementar la producción. Lo que falta es la velocidad política para convertir ese potencial en resultados concretos.
La coyuntura internacional ofrece una nueva advertencia. Nadie puede anticipar cuánto durará la tensión en Medio Oriente ni cuál será el comportamiento del precio del petróleo durante los próximos meses. Lo único seguro es que Bolivia seguirá expuesta mientras dependa de la producción de otros países para abastecer su propio mercado.
Las crisis internacionales no pueden seguir utilizándose como explicación de nuestros problemas internos. Son, más bien, el recordatorio de que un país energéticamente dependiente es también un país económicamente más vulnerable.
Ha llegado el momento de dejar atrás los discursos y pasar a la acción. Explorar más, producir más y planificar mejor no son consignas; son condiciones indispensables para recuperar la seguridad energética y reducir una dependencia que amenaza la estabilidad económica nacional.
