Que no paguen los de siempre

Bolivia ha entrado, finalmente, en una fase económica que durante demasiado tiempo se intentó postergar. La decisión del Gobierno de instruir al Banco Central la fijación de un nuevo tipo de cambio confirma algo que, desde una visión ortodoxa, el mercado venía señalando desde hace meses: el modelo cambiario anterior se había vuelto insostenible.

Podrá discutirse durante semanas si se trata técnicamente de una devaluación, de una corrección cambiaria o de un ajuste monetario. Los economistas seguirán divididos, como ocurre siempre en estos procesos. Algunos defenderán la medida como inevitable; otros señalarán errores acumulados durante años que llevaron a esta situación. Todo eso forma parte del debate legítimo, y de la política.

Pero existe una realidad mucho más concreta y urgente que ninguna discusión académica puede esconder: Bolivia sigue enfrentando un severo problema de escasez de dólares, y hasta ahora no existe claridad suficiente sobre cuál es el plan integral para resolverlo.

Cambiar el precio oficial de la moneda puede aliviar algunas tensiones inmediatas, corregir ciertas distorsiones e incluso devolver algo de racionalidad a determinados mercados. Pero ningún tipo de cambio genera dólares por sí mismo. Las divisas no aparecen por decreto. Llegan cuando un país exporta más, atrae inversión, genera confianza o desarrolla sectores competitivos capaces de insertarse en la economía global. Nada de eso está ni siquiera cerca de suceder más allá del momento coyunturalmente alto que viven los precios del mineral.

Hoy Bolivia no parece estar avanzando con suficiente fuerza en ninguna de esas direcciones.

Y mientras las grandes variables macroeconómicas se reordenan, conviene recordar algo elemental: detrás de cada ajuste económico hay millones de personas intentando llegar a fin de mes.

Las crisis económicas suelen terminar pagándolas trabajadores, jubilados y familias vulnerables. Ajustar sin proteger a los más débiles no es técnica: es injusticia

Una devaluación —aunque sea gradual o administrada bajo otro nombre— suele trasladarse rápidamente a precios. Los alimentos importados suben, el transporte se encarece, la producción enfrenta mayores costos y la inflación termina erosionando salarios que ya venían golpeados por años de deterioro económico.

En teoría, estos ajustes buscan corregir desequilibrios estructurales. En la práctica, demasiadas veces terminan convirtiéndose en un nuevo sacrificio impuesto a quienes menos responsabilidad tuvieron en la generación del problema.

Bolivia ya conoce demasiado bien esa historia.

Los trabajadores formales, los pequeños comerciantes, las familias que viven del ingreso diario, quienes dependen de salarios fijos o jubilaciones, suelen convertirse en la variable de ajuste silenciosa mientras el debate político se concentra en indicadores macroeconómicos o en defender decisiones tomadas desde oficinas alejadas de la vida cotidiana.

Por eso el verdadero desafío no está solamente en corregir el tipo de cambio. Está en acompañar cualquier decisión económica con medidas concretas de protección social, políticas activas que contengan la inflación, incentivos productivos que generen nuevas divisas y, sobre todo, un horizonte claro que devuelva algo de certidumbre.

El problema nunca es únicamente la devaluación. El problema es cuando un país ajusta sin tener un plan más amplio para reconstruir confianza y crecimiento.

Bolivia probablemente necesitaba asumir ciertas correcciones económicas. Lo que no puede permitirse es repetir el viejo reflejo de trasladar el costo completo hacia abajo, dejando intactos privilegios arriba.

Porque cuando las crisis económicas terminan pagándolas siempre los mismos, dejan de ser inevitables para convertirse, simplemente, en injustas.