Pensiones: Un “sistema” sostenido por pocos

Bolivia tiene una peligrosa costumbre política: convertir las estadísticas en discursos de tranquilidad, aunque la realidad cuente otra historia. Durante años se ha repetido que el sistema de pensiones avanza, que la cobertura crece, que más bolivianos están incorporados a la seguridad social de largo plazo. La cifra oficial parece contundente: 2,8 millones de asegurados registrados en el Sistema Integral de Pensiones. Sin embargo, detrás del número se esconde una verdad mucho menos cómoda: apenas 833.000 personas aportan efectivamente. Siete de cada diez inscritos simplemente no cotizan.

En elpais.bo hemos publicado una serie de reportajes que profundiza en esto y que puedes consultar aquí: Trabajar a ciegas: La informalidad que vacía las pensiones bolivianas. 

Y es que no se trata de un detalle técnico ni de una discusión burocrática. Se trata de comprender que uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado moderno —la protección social— descansa en Bolivia sobre una base extraordinariamente frágil. El sistema previsional no está sostenido por millones de trabajadores, sino por un pequeño archipiélago de empleo formal compuesto principalmente por funcionarios públicos, trabajadores bancarios y empleados de un número reducido de grandes empresas privadas. Todo lo demás es precariedad.

El problema, en realidad, comienza mucho antes. Bolivia exhibe una de las tasas de desempleo más bajas del continente, apenas un 3%, pero esa cifra dice poco cuando más del 80% del empleo es informal. No hay seguro de desempleo, no existe una red de contención y millones de bolivianos simplemente no pueden darse el lujo de dejar de trabajar. Venden, transportan, comercian, sobreviven. No figuran en las estadísticas del desempleo, pero tampoco construyen futuro previsional alguno.

La crisis de pensiones no está en la Gestora, sino en un modelo económico que condena a ocho de cada diez trabajadores a la informalidad y los deja fuera de toda protección social

Lo preocupante es que el Estado parece haberse resignado a administrar esta anomalía en lugar de corregirla. La Gestora Pública prefiere mostrar el dato de asegurados registrados antes que transparentar el número de cotizantes reales. La autoridad reguladora ha dejado incluso de publicar estadísticas periódicas sobre mora patronal. Mientras tanto, casi mil millones de bolivianos siguen atrapados en aportes descontados a trabajadores, pero jamás depositados por empleadores que incumplen la ley. Dinero que pertenece a los trabajadores y que simplemente desaparece en la inercia institucional.

El drama es también generacional. Menos del 5% de los jóvenes bolivianos participa en empleo formal. La próxima generación de aportantes prácticamente no existe. Cuando quienes hoy sostienen el sistema comiencen a jubilarse masivamente, no habrá suficiente base laboral para reemplazarlos. El problema actual de cobertura es, en realidad, la crisis futura de sostenibilidad.

Y, sin embargo, seguimos evitando la discusión de fondo. Se habla constantemente de reformar jubilaciones, modificar pensiones solidarias o ampliar beneficios marginales, pero nadie parece dispuesto a enfrentar el verdadero núcleo del problema: Bolivia necesita transformar estructuralmente su economía para crear empleo formal de calidad. Sin eso, cualquier reforma previsional será apenas maquillaje.

Durante demasiado tiempo el país ha confundido sobrevivencia con desarrollo. Hemos normalizado que la mayoría trabaje sin contrato, sin seguro, sin jubilación y sin horizonte de estabilidad. Y luego nos sorprendemos cuando descubrimos que el sistema que debería protegernos en la vejez apenas se sostiene sobre una minoría cada vez más pequeña.

La verdadera crisis previsional boliviana no está en la Gestora. Está en un modelo económico incapaz de ofrecer trabajo digno a la mayoría de sus ciudadanos. Mientras no entendamos eso, seguiremos construyendo instituciones sobre una estructura rota.