Otra vez, alerta por el fuego
Bolivia ha normalizado una tragedia ambiental recurrente: cada año arden millones de hectáreas mientras seguimos sin corregir las causas estructurales del problema
Con una puntualidad inquietante, Bolivia vuelve a entrar en esa época del año en la que el humo comienza a instalarse en el horizonte y el país entero observa, casi con resignación, cómo se aproxima una nueva temporada de incendios forestales. Como si se tratara de un fenómeno inevitable, cada invierno repetimos la misma secuencia: alertas tempranas, focos de calor en aumento, discursos oficiales prometiendo control y, semanas después, millones de hectáreas consumidas por un fuego que nunca termina de sorprendernos, aunque hace años dejó de ser una excepción.
Entre 2020 y 2025 Bolivia volvió a registrar cifras alarmantes de pérdida forestal, consolidando una tendencia que ya debería avergonzarnos como país. Lo preocupante no es solo la magnitud del daño ecológico, sino la peligrosa normalización con la que la sociedad y las instituciones han empezado a convivir con este problema, como si destruir ecosistemas enteros formara parte inevitable de nuestro modelo de desarrollo.
No basta con apagar incendios cuando aparecen. El país necesita decidir si seguirá priorizando rentabilidad inmediata o empezará a proteger seriamente su futuro ambiental
La explicación inmediata suele repetirse cada año: chaqueos descontrolados, ampliación de la frontera agrícola, prácticas productivas que siguen privilegiando la quema como herramienta barata de habilitación de tierras. Sin embargo, detrás de esa explicación hay un problema mucho más profundo: Bolivia no ha logrado definir un equilibrio razonable entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.
Durante años se ha insistido en expandir la producción agropecuaria como vía rápida para generar divisas, exportaciones y crecimiento. Pero el costo ambiental empieza a ser demasiado alto. Bosques destruidos, biodiversidad perdida, fuentes de agua afectadas, degradación de suelos y comunidades enteras expuestas a un deterioro irreversible de sus condiciones de vida.
La paradoja resulta evidente. Mientras el mundo entero discute cómo adaptarse a una crisis climática cada vez más severa, Bolivia sigue atrapada en debates elementales sobre si corresponde o no limitar las quemas, endurecer controles o replantear un modelo productivo que, claramente, genera beneficios inmediatos para algunos sectores, pero enormes costos colectivos para el conjunto del país.
Tarija tampoco está al margen. Cada año nuestras áreas protegidas, nuestros bosques secos, nuestros valles y zonas chaqueñas enfrentan amenazas crecientes. Los incendios no solo destruyen patrimonio natural; también golpean actividades productivas esenciales, afectan la calidad del aire, deterioran cuencas hídricas y comprometen recursos que serán vitales en los próximos años.
Lo verdaderamente preocupante no es únicamente que el fuego vuelva. Lo preocupante es que seguimos reaccionando igual: apagando incendios cuando aparecen, improvisando recursos de emergencia y dejando intactas las causas estructurales que los provocan.
Bolivia necesita una política ambiental seria, sostenida y técnicamente consistente. Necesita controles efectivos, prevención permanente, coordinación institucional real y, sobre todo, valentía política para entender que no toda rentabilidad económica inmediata justifica hipotecar el patrimonio natural del país.
Porque mientras seguimos discutiendo responsables, el fuego hace lo que mejor sabe hacer: avanzar sin pedir permiso y recordarnos, una vez más, todo lo que todavía no hemos querido cambiar.
