La semana de la verdad
La cuestión ya no es solo si Rodrigo Paz concluirá su mandato. La verdadera pregunta es qué queda de un proyecto político que prometía reconciliación y hoy gobierna un país más dividido
Bolivia entra en una de esas semanas que, vistas con perspectiva, terminan marcando épocas. Después de más de cuarenta días de bloqueos, protestas, escasez, enfrentamientos y desgaste económico, el país parece haber llegado al punto en el que las posiciones difícilmente pueden seguir siendo las mismas. Ni el Gobierno ni los sectores movilizados disponen ya de demasiado margen para prolongar indefinidamente una situación que erosiona la convivencia y profundiza la incertidumbre, pero desde luego es el presidente el que tiene menor margen.
El feriado largo ha ofrecido un breve respiro. Un tiempo para reorganizar fuerzas, recalcular estrategias y medir apoyos. Pero también ha servido para confirmar que ninguno de los problemas que detonaron la crisis ha sido resuelto: Restañar la confianza de los votantes es inviable mientras las carreteras siguen siendo escenario de disputa, la economía continúa resentida y la distancia entre el poder político y una parte significativa de la ciudadanía es aún mayor que cuando estalló.
El presidente Rodrigo Paz afronta este momento con nuevas herramientas. La reciente aprobación de la norma que regula los estados de excepción le proporciona un marco jurídico aparentemente más claro (y básicamente menos garantista) para actuar si decide endurecer su respuesta. A ello se suma el respaldo explícito de Estados Unidos, que ha reiterado su apoyo a la estabilidad institucional y al Gobierno, con el que ha llegado a diferentes acuerdos, aunque no se hayan explicado. Desde la lógica del poder, podría interpretarse como una posición fortalecida, pero Bolivia ya sabemos que es diferente.
La estabilidad no se construye únicamente con leyes ni respaldo internacional. Bolivia necesita un nuevo pacto político capaz de ofrecer certidumbre y futuro compartido.
La fortaleza jurídica o internacional no resuelve una crisis de legitimidad política. Los sectores movilizados han sido ignorados en sus principales demandas y perciben que no tienen nada que perder. Sin representación significativa en las instancias donde se toman decisiones, sin interlocutores reconocidos y con una situación económica cada vez más difícil para amplias capas de la población, la radicalización aparece para muchos como la única herramienta disponible. Todo indica que los bloqueadores doblarán la apuesta.
En este contexto, la cuestión de fondo ya no es únicamente si el presidente completará o no su mandato. Tampoco si logrará despejar las carreteras mediante negociación o mediante coerción. La pregunta central es otra: ¿qué queda del proyecto político con el que llegó al poder?
La propuesta de Rodrigo Paz se construyó sobre una premisa relativamente sencilla: reconciliar a los bolivianos después de años de polarización, recuperar estabilidad institucional y generar confianza suficiente para atraer inversión privada, nacional e internacional. Era una apuesta legítima y compartida por amplios sectores del país. Sin embargo, a los pocos meses de gestión, los resultados muestran una realidad distinta. Bolivia está más confrontada, más fragmentada y más incierta que cuando comenzó este ciclo político.
Las inversiones no llegan a un país bloqueado con un gobierno incapaz de entender las causas que lo llevaron hasta aquí. La estabilidad no se construye únicamente con decretos. La seguridad jurídica no puede prosperar en medio de una crisis social permanente. Y la reconciliación no se consigue cuando una parte considerable de la sociedad siente que no tiene canales efectivos para expresar sus demandas.
Esto no significa que las demandas de los sectores movilizados sean necesariamente coherentes ni que sus métodos estén exentos de responsabilidad por los daños ocasionados. Los bloqueos prolongados castigan especialmente a los más vulnerables y generan pérdidas, pero reducir el conflicto a un problema de orden público sería ignorar las causas profundas que lo alimentan.
Por eso, independientemente de cómo termine esta semana, Bolivia deberá comenzar a discutir algo más ambicioso que una salida coyuntural. El país necesita un nuevo pacto político capaz de ofrecer certidumbre institucional, reglas económicas sostenibles y mecanismos efectivos de representación para quienes hoy se sienten excluidos de las decisiones nacionales. Es evidente que el presidente y sus asesores más empoderados de hoy no han entendido el lugar al que nos ha llevado su apuesta.
La crisis actual puede resolverse por agotamiento, por negociación o por imposición. Pero ninguna de esas salidas garantizará estabilidad duradera si no se abordan las fracturas estructurales que la han hecho posible. La semana de la verdad no debería servir únicamente para determinar quién gana esta pulseada. Debería servir para empezar a definir cómo evitar la próxima.
