Tarija, obras y confianza

Tarija entra en su semana grande de las efemérides departamentales, y por el momento la agenda está siendo discreta incluso en anuncios: lo más destacado sigue siendo el achique del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, contra las principales autoridades del departamento, que a verso de “sinvergüenza” y “conspiración” ha intimado al gobernador de Tarija a pagar unos 11 millones de bolivianos por las infraestructuras “olímpicas” acabadas de aquellas maneras por la Empresa Boliviana de la Construcción (EBC), y ha arrancado un convenio del ejecutivo regional del Gran Chaco, José Luis Ábrego, para que el FNDR adelante la contraparte de la doble vía Pajoso – Yacuiba que tan “generosamente” el exejecutivo José Quecaña se comprometió a pagar a medias y no con el 70 – 30 con el que habitualmente se hacen estas operaciones.

El resto son un puñado de viviendas sociales entregadas en puntos neurálgicos; el complejo aduanero en la frontera de Paraguay, de incierta operabilidad, y promesas para licitar el aeropuerto o traer una fábrica de vidrios a la zona alta para explotar su silicio.

El Gobierno ha movido algunas fichas: Marcelo Poma ya no es el delegado presidencial y ha sido sustituido por un Walter Ferrufino con mucho más interés en el futuro, y más mimbres, por lo que se espera también, al menos de momento, una mayor inversión en Tarija en paralelo al fortalecimiento de la oposición. Ferrufino tiene más argumentos para negociar el vuelco en la Asamblea Legislativa Departamental, cuya renovación se desatará ni bien pasen estas fechas.

De la Gobernación no se puede esperar mucho más porque esencialmente no tiene recursos para abordar nada nuevo y el gobernador Óscar Montes no tiene previsto hacerlo, por ello, el despliegue político de esta temporada es más que táctico.

El momento de “deslumbrar al pueblo” con obras de cemento y toneladas de asfalto ya pasó en el país y en el continente. Los recursos son limitados y los tiempos demandas otras cosas. Los Estados son cada vez más los guardianes del Estado del Bienestar, proveedores en muchos ámbitos, mientras se garantiza la igualdad de oportunidades frente a otros tiempos donde todo se dejaba a la suerte del mercado, que como se evidencia en Bolivia, no garantiza desarrollo.

En esas, Tarija aspira a convertirse el departamento con mayor calidad de vida del país y conseguirlo pasa por garantizar un Pacto Fiscal que permita a los departamentos brindar con garantías las competencias que les exige la Constitución Política del Estado. Tal vez lograr ese Pacto Fiscal sea el único objetivo al que deberían aspirar las autoridades subnacionales en un tiempo como este, donde los ingresos son inciertos, donde la transición energética siembra dudas y donde la democracia está en riesgo.

Las deficiencias de infraestructura en Tarija son enormes, pero más graves empiezan a ser los deficientes lazos de integración y respeto a las diferencias que desde hace un tiempo han vuelto a deteriorarse sin que de este lado haya cambiado esencialmente nada. Toca construir confianza con hechos, no con palabras.