El pato del pequeño narco
La desproporcionalidad de las penas de narcotráfico y la escasa incidencia que tienen sobre los grandes cárteles que controlan el negocio invitan a una revisión que nunca será fácil
El martes, un joven de 27 años fue sentenciado a 10 años de cárcel por transportar un ladrillo de un kilo de marihuana. Fue interceptado en Bermejo y él mismo confesó su responsabilidad por lo que el procedimiento fue sencillo. Su próximo destino será el penal de Morros Blancos.
En paralelo, crecen los escándalos de narcotráfico a gran escala en el país, tanto en el Chapare como en Santa Cruz, sin que nada aparentemente caiga ni cambie e incluso se crucen acusaciones de protección oficial a los verdaderos capos de la droga en el país. El asunto es a tener en cuenta.
La Organización de Naciones Unidas contra la Drogadicción y el Delito, en su informe de 2021, acaba de señalar que el consumo de drogas se ha disparado a niveles récord y se detecta en más países y en mayores proporciones, la cocaína es una de esas drogas que ha alcanzado máximos durante la pandemia, un factor que los expertos consideran precisamente la palanca que ha multiplicado el consumo.
El mismo informe de la UNODCC (por sus siglas en inglés) señala que la legalización de la marihuana en muchos países ha podido inducir a un incremento del consumo, aunque también destaca los beneficios que provoca sobre el mercado ilegal y controlado por mafias. El consumo personal está prácticamente tolerado en la mayoría de países de Asia, América y Europa; el uso medicinal también tiene amplio apoyo y el uso recreativo está despenalizado en muchos estados de Estados Unidos, de México, Uruguay y en países como Holanda en Europa, mientras que todos los demás buscan fórmulas para equiparar sus legislaciones a estas prácticas y ver los resultados.
Lo que hace tiempo se ha desterrado es que la estrategia punitiva llegue a servir como elemento disuasorio tanto del consumo como de la producción. En Bolivia las cuentas nunca salen al gusto de todos, pero ciertamente la política de erradicación de los 90 estaba llevando más hacia escenarios de confrontación interna, mientras que la política pactada constitucionalmente tampoco ha resuelto la sobreproducción. En cualquier caso, los problemas de hoy pasan por un inminente desborde producto del incremento de la demanda y la incorporación de nuevos cárteles al negocio, con mayores dosis de violencia.
Que un joven de 27 años se vaya a la cárcel 10 años por traficar una sustancia que en muchos países ya es legal no tiene efecto disuasorio, ni es un importante golpe al narcotráfico, ni contribuye a desbaratar ninguna de las redes que operan. Probablemente solo servirá para radicalizarle y para acentuar una vida en precariedad.
El gobierno boliviano lleva tanto tiempo sin hacer autocrítica sobre su estrategia antidrogas que difícilmente puede plantear una revisión de penas o incluso un cambio hacia la legalización de determinados productos sin que se levante un escándalo. En cualquier caso, es necesario un cambio integral que ponga el foco en las grandes amenazas y deje de conformarse con operativos estéticos contra pobres infelices.
