La corrupción campante o el fracaso de las leyes e instituciones
El cineasta, ensayista y multifacético columnista de El País, Rodrigo Ayala Bluske, tocó ayer un asunto medular que hace al estado de las instituciones encargadas de detectar malos manejos en las entidades del Estado y castigarlos.
“…ni la Contraloría, ni las unidades de auditoria interna, ni ninguna unidad especializada en la lucha anticorrupción, ni siquiera el Ministerio Público, fueron relevantes”, afirma, para detectar el escandaloso abuso de ítems para contratación de personal en la Alcaldía cruceña, la Caja Nacional de Salud u otras entidades que, con mucha probabilidad, son víctimas de prácticas similares. El asunto trata de varias decenas, si no centenas, de millones de dólares durante el tiempo en el que ocurrieron los hechos que poco a poco se van conociendo.
Recuerda Ayala que tuvo que ser una ex esposa enojada con uno de los principales sospechosos del escándalo cruceño quien destapó el caso. “…podría decirse entonces que la rabieta de una mujer herida (y seguramente ofendida por la tacañería de su ex media naranja), fue más efectiva que todo un inmenso aparataje estatal diseñado para frenar la corrupción”, precisa el columnista, con toda razón, y recuerda otro caso emblemático en nuestra historia reciente de ridículos judiciales: el caso del médico Jhiery Fernández, acusado, ahora sabemos que falsamente gracias al “sinceramiento etílico” de la juez de su caso, de abuso sexual a un bebé, y que sufrió parcialmente una condena de 20 años.
Y es precisamente ese “inmenso aparataje” que se mostró inservible durante los años dorados de la gestión del ex alcalde cruceño Percy Fernández, que coincidieron con la gestión también prolongada del gobierno de Evo Morales.
La Ley Quiroga Santa Cruz, promulgada en marzo de 2010, y que estaba (en pasado) destinada precisamente a detectar casos de enriquecimiento ilícito como el abordado por nuestro columnista, no funcionó para nada cuando los hechos ocurrieron, casualmente, justo en ese mismo período de tiempo desde su promulgación hasta hace algunos meses atrás.
Su pomposo cuanto inútil objeto es claro y está en su primer artículo: “La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, leyes, tratados y convenciones internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos y ex servidoras y ex servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o jurídicas y representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado, así como recuperar el patrimonio afectado del Estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes”.
Papel mojado, se dice en la jerga popular.
Ni las unidades de auditoria interna, ni la Contraloría en su función de control posterior, mucho menos el Ministerio Público, fueron capaces de prevenir, mucho menos de investigar y peor sancionar los actos develados por la ex esposa dolida.
El caso cruceño es, en consecuencia, una muestra demasiado dolorosa de la debilidad de un Estado en construcción precisamente en lo relativo a la corrupción, como una de las causas primarias de la pobreza que afecta a nuestra sociedad. Y no es casual, al menos no para nosotros, que hayan sido precisamente políticos aliados o funcionales al oficialismo gubernamental el que haya permitido la impunidad de tan groseros actos. ¿Pudieron darse sin la oportuna distracción del Ministerio Público o la Contraloría General del Estado durante tantos años?
El manejo político discrecional de las instituciones públicas, y, peor aún, de la justicia como órgano que debe ser independiente, ha destrozado la poca credibilidad de la que gozaban algunos políticos que llegaron al poder hace casi dos décadas con discursos justicieros.
La renovación se impone.
